Este lunes, el Gobierno cumplió su amenaza. Tal como había anunciado horas antes de la marcha de jubilados del miércoles pasado, el Ministerio de Seguridad Nacional les prohibió el acceso a estadios de fútbol a 26 personas que participaron de la protesta que fue brutalmente reprimida por las fuerzas de seguridad, y en la que el fotógafo Pablo Grillo recibió un disparo de un cápsula de gas en la cabeza.

Mediante la Resolución 343/2025, publicada en el Boletín Oficial, la cartera dirigida por Patricia Bullrich les aplicó una “restricción de concurrencia administrativa” a todo evento deportivo a 26 personas que asistieron a la marcha de jubilados, bajo el argumento de que fueron detenidas “con motivo de los episodios de violencia de público y notorio conocimiento, protagonizados por grupos de personas identificadas en su mayoría con divisas deportivas de clubes de fútbol , en la Plaza del Congreso y sus adyacencias, el 12 de marzo del actual año”.

En los considerandos, la resolución sostiene que estas personas actuaron “en supuesto apoyo a las reuniones que habitualmente congregan a jubilados y pensionados”, y protagonizaron “incidentes que derivaron en la pertinente intervención de efectivos de Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura y Policía de la Ciudad”.

Estos 26 detenidos fueron imputados por “atentado y resistencia a la autoridad”.

El miércoles pasado, antes de la protesta, el Gobierno había publicado otra resolución en el Boletín Oficial, en la que sumó nuevas causas para aplicar el derecho de admisión en las canchas, entre ellas “conductas violentas” que afecten “el tránsito vehicular o el orden público”.

La medida, dispuesta a través de la Resolución 321/2025, habilitó al Ministerio de Seguridad a “restringir la concurrencia a espectáculos futbolísticos a toda persona que considere que puede generar un riesgo para la seguridad pública”.

Así, puede prohibir el ingreso a los estadios a “toda persona que se encuentre imputada, procesada o condenada” por delitos que hayan sido cometidos en el marco de la Ley N° 23.184 y sus modificatorias.

También afectará a los “procesados o condenados por delitos dolosos con pena de reclusión o prisión, y que la Autoridad de Aplicación entienda que razonablemente pueda crear un riesgo concreto en el espectáculo futbolístico”.

De este modo, se ampliaron los motivos a los que la cartera de Seguridad podrá recurrir para prohibir el acceso a partidos de fútbol a personas implicadas en delitos relacionados con la violencia o alteración del orden público.

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