Este miércoles, el gobernador Claudio Poggi dio su informe sobre las cuentas Provinciales y el desmanejo de recursos que dejó la gestión de Alberto Rodríguez Saá.

Las irregularidades afectan al Estado provincial, y en particular a la comunidad ranquel. El primer mandatario provincial consideró que fue “uno de los hechos más indignos y vergonzosos” que debió transmitir.

“Lamentablemente creíamos que habíamos perdido nuestra capacidad de asombro al analizar los números y datos relacionados con la matriz de corrupción imperante en el gobierno anterior”, describió Poggi.

Explicó que hubo un trabajo coordinado de investigación entre diferentes áreas del Gobierno. Gracias a eso lograron desarticular “un hecho de corrupción que es violatorio de los derechos humanos de los pueblos originarios, una afrenta aberrante a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, reconocidos en nuestra Constitución provincial”.

Poggi precisó que en el cierre del mandato de Alberto Rodríguez Saá, el ex ministro de Obras Públicas, Alberto Rodríguez Saá (h) junto al ex senador y ex ministro de Producción, Sergio Freixes y su secretaria privada, Sofía Aguilera, se hicieron designar lonkos del pueblo ranquel mediante una asamblea, ratificada por una resolución del registro de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia.

En otras palabras, Rodríguez Saá (h), Freixes y Aguilera se "hicieron nombrar responsables de la dirección y administración de la comunidad ranquel, sus riquezas y su tierra, se hicieron nombrar caciques”, puntualizó.

Poggi tuvo en cuenta que los ranqueles poseen “un territorio para explotación ganadera superior a las 66 mil hectáreas”: “Para que se pueda dimensionar, tres veces más grande que la superficie que ocupa la Capital Federal de los argentinos. De ese territorio y cantidad de tierras productivas, se habían apropiado”.

Contó que en la denuncia que presentó el fiscal de Estado, Víctor Endeiza, “se da cuenta que desde el año 2017, Sergio Freixes es quien administra todos los negocios de la comunidad ranquel”.

“No tienen los ranqueles los derechos económicos, civiles y políticos sobre su territorio, los tenía Freixes, lo denunció el propio Lonko ante la Justicia”, advirtió.

El gobernador sumó a eso que el 21 de abril de 2020, el entonces ministro de Producción, Juan Lavandeira, “firmó un poder especial para operaciones administrativas y bancarias, a favor de Freixes y otros, para que en su nombre y representación, intervenga en los asuntos agropecuarios del ‘Establecimiento San José Municipalidad del Pueblo Ranquel’”.

“El gobernador saliente permitió que mediante la escritura N°144, protocolizada por el escribano de gobierno Mario Noe Esteves (III), le quitó a la comunidad del pueblo nación ranquel, la autonomía y decisión sobre su territorio”, cuestionó.

En este sentido, alertó porque “los ranqueles desde hace más de seis años perdieron la potestad de su territorio y de sus recursos económicos”, y “Freixes fue quien manejó su coparticipación y aportes especiales recibidos, quien intervino en el manejo y arrendamiento de los más de 8000 vacunos y 120 caballos que, según organismos oficiales, habría en ese campo”.

Pero también añadió que entre marzo de 2022 y julio de 2023, las cuentas que manejó el ex funcionario condenado por las renuncias anticipadas, “tuvieron un movimiento de dinero que ascendió a $283.399.813”. Esos recursos ahora “son materia de investigación de la Unidad de Información Financiera, ante la sospecha de lavado de dinero”.

De la misma manera, expuso que cuatro días antes del final de la anterior gestión, los lonkos Freixes, Aguilera y Rodríguez Saá (h), se hicieron transferir un Aporte del Tesoro Provincial por $50 millones.

El gobernador dijo que “dando cumplimiento al artículo 11 bis de nuestra Constitución y al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblo Indígenas y Tribales”, dio instrucciones a la dirección de Personerías Jurídicas para que intervenga al pueblo ranquel, restituyendo a Víctor Baigorria como lonko normalizador de la comunidad originaria, junto a Darío Oviedo y el médico veterinario Carlos Amondarain.

“La Justicia está actuando a partir de la denuncia penal que hemos formulado desde fiscalía de Estado”, anunció.

Además, mencionó que dictó “las medidas administrativas y jurídicas tendientes a proteger las tierras y bienes que hasta hoy eran saqueados a la comunidad originaria y al Estado provincial también”.

“Parece mentira –dijo-, se utilizó una causa noble, destinada a una justa reparación histórica, repite el atropello de sometimiento y saqueo que se intentaba reparar”, aseveró.

En el cierre, Poggi ratificó el rol que tuvo Rodríguez Saá en la realidad económica de San Luis: “Siempre les digo que ‘la plata que nos falta se la llevó la corrupción y los aprovechados del Estado, hoy además les digo, al pueblo de la nación ranquel, le estamos sacando la mano de encima, de los aprovechados que los explotaba y oprimía’”.

(Antonella Camargo – El Chorrillero)