El presidente, Javier Milei, modificó este lunes a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para permitir que entidades bancarias públicas y agentes financieros participen en tasaciones y subastas, con el objetivo de agilizar el proceso de venta de los inmuebles públicos.
Así lo hizo el mandatario a través del Decreto 176/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial con su firma, la del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La medida indica que “resulta necesario ampliar los medios por los cuales se realizan las tasaciones y subastas, permitiendo que las entidades bancarias públicas, o entidades que actúen como agentes financieros del Estado, puedan intervenir en dichas operaciones”.
De esa manera, se busca “una gestión más ágil en la administración de los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL”, mientras que se modifica la normativa que “impida contar con un procedimiento eficiente para la administración y disposición de estos bienes”, agrega el decreto en sus considerandos.
El decreto establece que el canon a pagar por un inmueble del Estado “será establecido por el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN, por entidades bancarias públicas o entidades que actúen como agentes financieros del Estado, nacionales, provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, municipales o internacionales”.
Hasta el momento, la normativa indicaba que el canon sólo podía ser determinado por “entidades bancarias oficiales” de manera “excepcional”, y con la “previa intervención” del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Por lo tanto, con la modificación de este lunes, el trámite se puede realizar más rápidamente.
La misma modificación para agilizar el proceso, a través de la intervención de bancos públicos o agentes financieros del Estado, surge en cuanto al “precio base en las ventas inmobiliarias efectuadas mediante subasta o licitación pública”, y en cuanto al monto del canon a pagar por inmuebles concesionados.
En octubre pasado, el presidente Javier Milei firmó un decreto en el que se dispone la venta, disposición o transferencia de más de 300 inmuebles en manos del Estado Nacional.
Edificio del INTA
Entre los ejemplos de este desprendimiento, se destacó un edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en la avenida Cerviño 3101, que finalmente se vendió en diciembre.
Así lo dispuso el mandatario a través del Decreto 950/24 publicado en el Boletín Oficial. La iniciativa forma parte de “las medidas tendientes a eficientizar el rol del Estado” ya que, según se fundamenta en la norma, los inmuebles en cuestión “resultan innecesarios”.
Desde el Gobierno consideraron que “mantener ociosos” estos bienes “genera costos y gastos que deben evitarse”. Asimismo, indicaron que desprenderse de ellos va a “ayudar a superar la crisis que enfrenta la economía de nuestro país”.
Concretamente, la normativa habilita a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a impulsar “los procedimientos de enajenación” de un total de 309 propiedades.
En esa extensa lista hay baldíos, cocheras, terrenos ferroviarios, portuarios o industriales, plantas de silos, campos y también edificios urbanos.
(ElDestape)