Utelpa convocó a todos los docentes, y también lo hicieron otros colectivos representativos de diversos sectores de la sociedad, por el caso de la pena de maltrato psíquico a una adolescente contra Ana Contreras, por una situación que se originó durante una clase en un aula.

Contreras recibió la pena de 60 días-multa, equivalente a 913.800 pesos, en una condena firmada por el juez Contravencional piquense Maximiliano Boga Doyhenard.

La movilización se realizará a los Tribunales de General Pico a las 12:15 del miércoles, y desde allí, más tarde, los docentes marcharán a la sede de la Delegación Ministerial Zona Norte de Educación, en la calle 28 n° 625, donde entregarán un petitorio.

“Vamos a  manifestarnos pacíficamente por la #absolución de Ana Contreras, y por la no intromisión de la justicia en las escuelas”, indicó el anuncio de Utelpa al dar cuenta de la movilización.

Para dictar su fallo, Boga Doyhenard entendió que fueron “comentarios ofensivos” los pronunciados por Ana Contreras, al abordar el conflicto árabe israelí y verter su opinión sobre ello.

El juez dijo también en su sentencia, que otros compañeros de la hija del denunciante habían confirmado su relato, cosa que ahora ponen en duda otros actores, al asegurar que hay compañeros de aula que lo niegan.

No obstante, está claro que lo que los docentes provinciales reclaman, es que la justicia no se inmiscuya en temas que son estrictamente pedagógicos y que deben abordarse en el ámbito de la educación y no de los tribunales.

Solidaridad

La Cátedra Libre Extracurricular de Educación Sexual Integral y Derechos Sexuales y Reproductivos de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam, expresó su más firme solidaridad con la docente pampeana Ana Contreras, en un documento que se distribuyó en las redacciones.

El texto incluye el enérgico repudio al fallo del juez contravencional Maximiliano Boga Doyhenard, “quien no sólo sancionó a la profesora, sino que además la conminó al pago de una multa por abordar, en el marco de los derechos humanos, el conflicto entre Israel y Palestina durante una clase de Construcción de la Ciudadanía”.

“Esta denuncia fue impulsada por un padre que, en otras ocasiones, ha intentado obstaculizar el derecho de sus hijas a recibir Educación Sexual Integral (ESI). El magistrado, lejos de proteger el ejercicio pedagógico, argumentó "maltrato psicológico", y exhortó a la docente a evitar "hechos de esta naturaleza", criminalizando así la discusión crítica en el aula”.

“Esta resolución no sólo agravia injustamente a una docente comprometida con la educación pública, sino que sienta un precedente peligrosísimo: la judicialización de los contenidos educativos, y la censura a la enseñanza desde una perspectiva de derechos humanos”.

“La docente en cuestión ha cumplido con su rol de educadora desde un enfoque de derechos, promoviendo espacios de reflexión crítica y empatía, en línea con los estándares constitucionales. Cualquier intento de censura o intimidación hacia su labor no sólo viola la libertad de expresión (art. 14 de la Constitución Nacional), sino también la libertad de enseñar/aprender en valores éticos y democráticos, atendiendo a la resolución pacífica de los conflictos (Art. 11 inciso c de la ley 26.206 de Educación Nacional Argentina), a la igualdad sin discriminación (Art. 11 inciso f de la ley 26.206 de Educación Nacional Argentina) y protección de los derechos de niñxs y adolescentes (Ley 26.061)”.

“Desde La Cátedra Libre Extracurricular de ESI y DDSSyRR acompañamos a Ana Contreras y a todes les docentes que, como ella, defienden una educación pública plural, democrática y emancipadora. El respeto irrestricto a la labor docente y su autonomía profesional en el marco de las leyes vigentes, es un derecho que debemos exigir. La educación no es un adoctrinamiento: es un espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva”.

“Rechazamos cualquier intento de intimidación hacia quienes promueven el pensamiento crítico y el debate en las aulas. Por ello, es necesario exigir la intervención de las autoridades educativas para garantizar los derechos del personal docente y estudiantil, rechazando presiones o campañas de desinformación”.

Al documento de la cátedra adhirió además, el Comité Asesor de la Cátedra Extracurricular de ESI de la Facultad de Ciencias Humanas.