El gobierno nacional diseñó un plan para vender 27 mil hectáreas productivas ubicadas en los 22 campos experimentales que el INTA tiene en el territorio nacional, que representan casi el 90% de la superficie en manos del organismo.

La información fue divulgada por el portal “Bichos de Campo”, mediante un artículo publicado ayer sobre “el plan de fuerte ajuste que la nueva conducción del INTA, a cargo de Nicolás Bronzovich, intentará llevar adelante”.

Según el informe, además de la venta de campos al mejor postor, el plan libertario incluye más de mil despidos y “una profunda revisión de gastos en combustible, viáticos y telefonía”.

Subasta pública

Para realizar su negocio inmobiliario con este emblemático organismo, la Casa Rosada planea pasar “a disponibilidad” de la Administradora de Bienes del Estado (AABE) unas 27 mil hectáreas de tierras productivas en las 22 estaciones experimentales distribuidas a lo largo y ancho del país, para venderlas o arrendarlas antes de que termine la gestión, en diciembre 2027.

El proyecto se denomina “Plan de Acción Comercial Propuesto según superficies a disponibilizar”, y propone que los “Medianos y Grandes Campos” se vendan “en subasta pública”.

Actualmente, el INTA posee en todo el territorio 30.874 hectáreas, de las cuales pasarían “a disponibilidad” 87,5%, es decir unas 27.019 hectáreas. De esta manera, al instituto de investigación sólo le quedarían 3.990 hectáreas.

Resistencia interna

Según “Bichos de Campo”, el gobierno ya hizo una prueba piloto para testear “la resistencia de la comunidad interna” del organismo, poniendo en venta un campo del INTA Cerrillos, en Salta, y el histórico edificio porteño, ubicado en Cerviño 3.101. Y lo más grave es que, como en el caso citado, los recursos obtenidos con el negocio inmobiliario no será para cubrir los gastos de funcionamiento del INTA, sino que pasará directamente al Tesoro Nacional.

A cambio de un canon

De acuerdo al plan diseñado por la gestión libertaria, el objetivo a corto plazo es “vender esas propiedades o arrendarlas a terceros con fines productivos, a cambio de un canon”.

De esta manera, numerosas estaciones perderán el control y manejo de sus terrenos, entre ellas Balcarce, Pergamino, Concepción del Uruguay, Rafaela, Hilario Ascasubi, Anguil, San Pedro, Reconquista, Junín de Mendoza. La primera etapa del proceso, además, incluye la venta del edificio del INTA en Esquel (Chubut).

Aunque este programa sigue en estado “confidencial, el gobierno pretende implementarlo con la mayor celeridad. Por eso, antes de fin de este año, las actuales autoridades deberán “desarrollar las tramitaciones tendientes a la evaluación técnica, desafectación y obtención de autorización del PEN para enajenar los inmuebles”, y a partir de enero de 2025, comenzarán a ejecutar “las operaciones de subasta pública de inmuebles, continuando con el mismo proceso en forma semestral”.

La estrategia también contempla que en una categoría denominada “pequeños, medianos y grandes campos” se disponga la “concesión de uso por un plazo de una campaña agrícola renovable, y posterior venta por subasta pública”, para lo cual durante el primer semestre de 2025 se realizará una “evaluación progresiva de campos licitados en 2024 para incorporar a procesos de venta, empeño de obras de infraestructura en forma conjunta con licitaciones públicas destinadas a otorgar la concesión de uso para explotación agropecuaria”.

Puertos cercanos

La intención del programa es pasar más de 27 mil hectáreas a manos privadas, y para hacer más tentador el catálogo, el gobierno detalla la distancia al puerto más cercano desde cada uno de los campos.

Otra lista de campos

El proyecto de motosierra que se aplicaría al INTA no termina aquí. Según el documento oficial, una etapa posterior podría incluir “una lista con otros campos del INTA” que suman casi 100.000 hectáreas adicionales, de la cuales la mitad (unas 45.149) pertenecen al predio de la Agencia Santa Victoria Oeste, en Salta.

El valor de los campos sería muy variable de acuerdo a su ubicación, disposición y capacidad productiva, ya que el listado incluye predios ubicados entre los mejores campos del país, y también tierras de escasa aptitud productiva. Para determinarlos, se avaluarán “las condiciones del suelo, los tipos de cultivos y la forma de producción, así como la unidad productiva mínima a concesionar”.

Por eso es que el proyecto aclara también que “la delimitación de polígonos a disponibilizar resulta tentativa y preliminar, encontrándose sujeta a determinación y validación definitiva, mediando intervención de profesionales con competencia en materia de ingeniería agronómica, debiéndose considerar en dicho marco las condiciones del inmueble, del suelo, y de la unidad productiva mínima en la zona”.

Esos profesionales determinarán “las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares” para las concesiones, y deberán “revisar, aprobar y fiscalizar el cumplimiento del Plan de Explotación que presente el Concesionario”.

Soja: presente

Como se acostumbra en el sector rural, el canon base será establecido en quintales de soja.

(La Arena)