El Gobierno provincial destacó que esos incentivos se encuentran alineados con los estudios y experiencias exitosas del resto del mundo.

El objetivo central de esta política pública es el desarrollo sostenible y con equidad social de la comunidad, enfocado principalmente en:

1) La generación de nuevas actividades económicas que se consideren estratégicas y requieran condiciones especiales por un tiempo razonable (entre 5 y 10 años) para su consolidación.

2) Los incentivos generales para la ampliación de la inversión en actividades existentes.

3) El crecimiento de las pymes y la generación de empleo genuino y de calidad.

El conjunto de medidas, plasmadas en el Plan de Promoción de la Inversión Productiva presentado por el gobernador Sergio Ziliotto en noviembre de 2020, y muchas de ellas transformadas posteriormente en leyes por las legislatura provincial, son las que se ofrece a los inversores para que inviertan y crezcan dentro de la Provincia. Se materializa en herramientas concretas:

1)    La Ley 3.304 de Incentivos Fiscales, para la radicación de inversiones dentro de los límites provinciales.

2)    La vinculación estratégica con el Banco de La Pampa, que permite una política crediticia de largo plazo.

3)    Una política de subsidio de tasa y de subsidio a la generación de empleo privado registrado.

4)     La existencia de un Fondo de Garantías público, orientado a la inclusión financiera de las pymes.

5) La infraestructura de parques industriales y Zona Franca.

6) La sinergia entre el sector público y el sector privado, cuyo principal vínculo es la Agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior I-COMEX.

La Ley de Incentivos Fiscales tiene como objetivo potenciar e incentivar las inversiones dentro del territorio pampeano, para desarrollar nuevas actividades económicas, que diversifiquen la matriz productiva provincial, y agreguen valor agregado sin atentar contra la sostenibilidad de las pymes locales.

Los beneficios que otorga son:

1)    Reducción de la presión fiscal para empresas pymes que cumplan con sus obligaciones fiscales e inviertan.

2)    Se aplica la política de impuesto cero para la industria, para favorecer el agregado de valor y el empleo.

3)    El desarrollo de nuevas actividades productivas, que diversifiquen la producción sin atentar contra la sostenibilidad de otras pymes que ya apostaron por La Pampa.

Esta Ley ya permitió entregar más de 9.832 pymes pampeanas que apostaron a invertir, aumentar su producción y el empleo. No es casualidad que el cierre de 2023 muestre récord de trabajadores privados registrados, y un índice de desocupación más bajo desde 2016, en que se reformuló el INDEC. Tampoco que en 2022 la economía de La Pampa tuvo su pico de crecimiento económico, con un incremento del 9,1 % según datos de la CEPAL.

También formó parte de los incentivos que permitieron duplicar la superficie en producción en Villa Casa de Piedra, a partir del Programa de Promoción de Inversiones Casa de Piedra 2023 – 2028; contribuyó a reactivar la ex Montenegro y la ex Calzar, entre otros hechos concretos que permiten contrastar las diferencias estructurales de uno y otro régimen.

El RIGI: un sistema de incentivos dañino para la economía pampeana

La aprobación de la Ley de Bases por la HCDN, ha contemplado un paquete de medidas de liberalización y extranjerización de la economía, como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que va en contra de los intereses del país y de La Pampa, esencialmente por cuatro razones: 1) Hay un fuerte incentivo a la primarización y extranjerización de la economía, 2) Genera incentivos para la concentración de actividades, ya que sólo beneficia a las grandes corporaciones, 3) No incorpora ninguna contraprestación en términos de empleo y desarrollo que beneficie a la comunidad en su conjunto y 4) Restringe severamente la soberanía provincial sobre los recursos naturales y la administración de justicia.

Un repaso a los contenidos del RIGI

El Gobierno nacional lleva adelante un plan de liberalización de la economía y reducción de las estructurales gubernamentales, a través de reformas estructurales habilitadas por el DNU 70/2023 y la aprobación de la Ley de Bases y Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

En este sentido, la Ley de Bases aprobó un nuevo Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), con múltiples beneficios impositivos y arancelarios para grandes corporaciones que inviertan más de U$S 200 millones, dejando en desigualdad competitiva a importantes sectores de la forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas, por 30 años.

A modo de resumen, los beneficios impositivos, fiscales y cambiarios del RIGI en perjuicio de las PyMEs, son los siguientes: 1) Reducción de la alícuota de Impuesto a las Ganancias del 35% del régimen general, al 25% para corporaciones adheridas al RIGI; 2) Posibilidad de pago total del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con crédito fiscal; 3) Exención a las percepciones de IVA y ganancias; 4) Exención al pago de tasa estadística; impuesto país y derechos de importación, 5) Posibilidad de utilizar el impuesto a los débitos y créditos bancarios a cuenta del impuesto a las ganancias; 6) Eximición de pago de derechos de exportación luego del cuarto año y/o tercer año, en caso de ser exportación estratégica (en caso de exportar más de U$S 1.000 millones al año); 7) Beneficio de amortización acelerada para las inversiones; 8) Las ganancias derivadas de dividendos, utilidades y remesas tienen una alícuota de 7%, luego de siete años de adhesión, y tres años desde el cierre del ejercicio fiscal que se realizaron las utilidades serán 3,5% y 9) Libre disponibilidad de divisas y exención de obligación de liquidar al BCRA en forma escalonada entre el 2do. y 4to. año de inicio de la operación. Cabe destacar que este régimen otorga estabilidad fiscal por 30 años a las grandes inversiones, comprometiendo la sostenibilidad fiscal y económica del sistema económico nacional a largo plazo.

La implementación de este régimen discrimina a las pymes, da ventajas a sectores y corporaciones que no las necesitan, direcciona recursos a una primarización extractivista de la estructura económica y social del país, no promueve procesos de agregado de valor y desarrollo de nuevas oportunidades laborales, y avanza de forma agresiva sobre la soberanía de las provincias; perjudicando el desarrollo económico nacional.

Con la adhesión de la Provincia al RIGI, las pymes pampeanas de los sectores basados en el conocimiento y la industria asociada a la producción de petróleo y gas pampeana y los recursos naturales, estarían más expuestos y en peligro por los próximos 30 años. Las desventajas impositivas y competitivas de las grandes corporaciones las dejarían fuera de los mercados domésticos.

Finalizado el RIGI, la provincia de La Pampa se quedaría sin sus recursos naturales, sin industria propia, sin pymes comerciales, y con un Gobierno provincial desfinanciado. Esto traería aparejado un deterioro en los niveles de ingreso de la población pampeana, graves problemas de empleo, y una drástica caída en la accesibilidad a los servicios esenciales, como salud, educación y alimentos por parte de la población.

A diferencia de lo ejecutado por el Gobierno nacional, es deber del Gobierno defender la soberanía de La Pampa como Provincia argentina, e incentivar el desarrollo de la matriz productiva provincial, a través de los beneficios de la Ley de Incentivos Fiscales, fomentando inversiones productivas y sustentables; promoviendo el desarrollo productivo provincial, federal y soberano.

(APN)