Analizaron los alcances del estudio de factibilidad de la consultora Geo Innovar y resaltaron las facultades constitucionales y legales del Poder Legislativo en materia hidrocarburífera.

Los funcionarios concurrieron este lunes a un plenario de las comisiones de Asuntos Agrarios y de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura a explicar el proyecto de ley del Ejecutivo que autoriza a llamar a una “Licitación Pública Nacional e Internacional” para la explotación, transporte y distribución de hidrocarburos en el área hidrocarburífera El Medanito.

Se mostraron abiertos al diálogo en todo momento y respondieron una a una todas las preguntas realizadas por los diputados y diputadas, acercando ideas y conceptos respecto de las condiciones del llamado a licitación que debe fijar el Poder Legislativo. El evento se extendió por más de 7 horas durante el cual se evacuaron los interrogantes y dudas que se les plantearon.

Se explicó que los legisladores tuvieron a su disposición desde el año pasado toda la información necesaria para tratar del proyecto. "Toda la información que tenemos fue entregada. No hay información nueva. Lo que hace falta es diálogo y espacios de debate". 

El secretario de Energía y Minería, Matías Toso calificó como un “tema de Estado” a la cuestión que se está tratando e hizo referencia a la Mesa de Trabajo que se conformó en 2024, por decisión del gobernador Sergio Ziliotto, y está integrada por funcionarios de áreas de gobierno, el Intendente de 25 de Mayo, legisladores y legisladores del FreJuPa, la UCR y el PRO. En ese ámbito se compartió la información relativa al tema y se tomó el compromiso de aportar todo aquello que se estime necesario para avanzar en el tratamiento. Además, la oposición con representación legislativa tiene un director en la empresa Pampetrol con acceso a toda la información. 

Abordado por la discusión si se necesita el Data Room para autorizar la licitación, como sostiene un sector de la oposición, el funcionario aseguró que el informe a la consultora Geo Innovar, que tienen en su poder los legisladores, es más idóneo para decidir las condiciones de borde de la licitación que un data room propio del procedimiento licitatorio. El estudio, elaborado por la consultora Geo Innovar, analizó distintos escenarios de recuperación secundaria y terciaria de los yacimientos, con una evaluación económica de los proyectos propuestos. "Para votar la ley es mucho mejor que un data room. Es mejor el informe para que ustedes tomen la decisión", afirmó. 

Aclaró que el Data Room se va a hacer antes de la licitación para que las empresas interesadas cuenten con toda la información necesaria para realizar mejores ofertas. "El Data Room les sirve a las empresas", dijo. 

Consultado sobre el porcentaje de regalías que debería establecerse en el llamado a licitación, Toso fue tajante: "Las regalías son una facultad que tienen ustedes. Si ponen un 20%, licitaremos con ese porcentaje; si ponen un 15%, lo mismo. Nosotros ejecutamos la ley que ustedes aprueben".

La presidenta de la comisión, la diputada Andrea Valderrama dijo que "no existe un capricho para dilatar el tema". "Hoy, con el informe es distinto, esto suma", reconoció. Además, dijo que "nos da tranquilidad que se va a hacer el Data Room". "Es una buena noticia", agregó Hipólito Altolaguirre. 

Plazos

En la presentación, Toso explicó en una línea de tiempo lo que demora la licitación del área: sin ningún contratiempo son 6 meses o 183 días, aproximadamente. El cronograma hipotético muestra que si se aprueba hoy el proyecto en la Legislatura, después se realiza el data room y se hace el llamado a licitación, recién se estaría en condiciones de adjudicar en septiembre y firmar el contrato en octubre. A estos plazos deben sumarse aquellos que incluya la autorización que brinde la Cámara de Diputados y los tiempos que demanda el trabajo interdisciplinario de la Comisión que redacte el pliego. 

En el inicio, habló del contexto nacional de la actividad petrolera y de la importancia que tiene el área para la provincia, ya que produce el 34% del total del petróleo de La Pampa. El Medanito tiene cerca de 695.000 de metros cúbicos de "reservas probadas". La explotación petrolera de esta área genera 350 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, pero unos 1.000 teniendo en cuenta la totalidad de las áreas activas. 

El contrato de la actual concesionaria del área, PCR, vence en junio de 2026 y está en lo que se denomina "cola de concesión" por lo que desde el 2024 no se realizan perforaciones. Esto provocará la caída de la producción, de los ingresos por regalías hidrocarburíferas que perciben provincia y municipios, con la consecuente disminución gradual de puestos laborales. 

Además de Toso, concurrieron a la requisitoria de diputados y diputadas la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso; y la presidenta del Directorio de Pampetrol, María de los Ángeles Roveda.

La Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, explicó que se ha ordenado la realización de una auditoría ambiental final, con el objetivo de detectar (y eventualmente remediar) los impactos ambientales negativos que pudieran verificarse a fin del contrato. Asimismo, detalló, junto a su equipo técnico, cuales son los controles que se realizan en la actualidad tanto sobre El Medanito, como de otras áreas petroleras.

Finalmente, la presidenta de Pampetrol SAPEM, puso en valor la visión estratégica de la empresa estatal como gestora de áreas, en el sentido de estudiar y proyectar diferentes modelos de producción en el corto, mediano y largo plazo. Es importante tener presente que Pampetrol tendrá continuidad en el área El Medanito y fue en ese marco en el que se contrataron estudios de factibilidad para esa y las demás áreas que están geológicamente vinculadas.

Contar con una empresa estatal es una herramienta fundamental, que no todas las Provincias poseen, para avanzar de una manera ordenada y eficiente en la transición energética. 

Los funcionarios se mostraron gratificados de haber podido dialogar con los legisladores en el ámbito de las comisiones, para aportar las explicaciones necesarias que permitan construir los consensos requeridos para avanzar en una política de Estado que regirá por 25 años.

(APN)