Ambos fueron sentenciados a la pena de “un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función policial”.

Los dos efectivos policiales cumplían servicio en el Puesto Caminero Chamaicó y pretendieron coimear al conductor de un ómnibus ploteado con la inscripción “Sonido e iluminación Lito Ayala”, que se dirigía a Buena Esperanza a brindar un servicio de su especialidad. Lo hicieron mintiéndole que tenía la Revisión Técnica Obligatoria vencida.

El conductor, José Ayala preguntó a quien luego se identificaría como el sargento primero Agüero, cuál era el problema. El uniformado le informó que “el problema se llamaba 658.000 pesos”.

En la sentencia de Pellegrino se reflejó que “al ingreso al destacamento, otro policía que se encontró frente a una computadora y se aprestaba a realizar la multa en cuestión (personal policial que resultó identificado como Gabriel Paulino) le explica que para poder retirar el vehículo del lugar debía abonar la multa de manera online”.

“Ante la expresión de Ayala de que necesitaba cumplir con el compromiso asumido y llegar a destino, es que el primer policía (Agüero) le explica que el problema se podía solucionar si arreglaban allí en una suma menor. Ayala le manifiesta si le parecía bien 200.000 pesos, pero le aclaraba que no disponía de dinero en efectivo, le manifestó que necesitaba continuar, por lo que su señora le realizaría una transferencia. Es entonces que el otro policía (Paulino) le brinda su contacto celular y le envía un número de CBU (identificado posteriormente como de su propia cuenta bancaria). De esta manera Ayala puede continuar su camino”.

“Cuando arriba a Buena Esperanza se comunica vía WhatsApp con el celular de Paulino, quien le informa que la suma adeudada era de 250.000 pesos y que de esa manera podría pasar cuantas veces quisiera por el puesto caminero”.

Durante el debate “y luego de una insistente reticencia”, Ayala narró que le comentó lo sucedido a Carlos Guinchinau, hermano de Daniel Guinchinau, entonces Jefe de la policía provincial, lo que motivó la intervención de la Jefa de la URII, Vanina Fileni, quien entrevistó a Ayala y así se inició el sumario.

Con las actuaciones policiales se descubrió que la RTO del vehículo estaba vigente y que no había impedimento para su circulación.

La justicia entendió luego que “ambos imputados conocían la maniobra que estaban llevando a cabo, que la misma era ilegítima, con la finalidad de obtener un beneficio indebido. Hubo acuerdo de voluntades y reparto de roles entre ambos. Mientras uno fingía redactar la infracción, el otro manifestó que no le interesaba recaudar para la provincia, dejando el escenario armado para la proposición de “arreglar” la situación, adulando al presunto infractor “que era de confianza” para que mencionara un precio acorde por debajo del valor de la infracción. La operación concluiría cuando Ayala transfiriera al CBU dado el monto pactado, atento a que no llevaba ese dinero encima. De hecho, en días posteriores, existen mensajes de texto vía WhatsApp, entre Agüero y Paulino preguntando si había novedades de la transferencia de Ayala, lo que evidencia, aún más, la comisión delictual y la participación de ambos imputados en calidad de coautores”.

Intervinieron en representación del Ministerio Público Fiscal, Armando Agüero y Matías Juan, en la defensa al imputado Paulino Martínez el defensor general Héctor Freigedo y al imputado Agüero, el defensor general Walter Vaccaro.