El Fondo Alimentario Extraordinario, para cuyo financiamiento se establece un “Aporte Solidario” pero obligatorio, no es otra cosa que nuevos y crecientes impuestos sobre los inmuebles, los vehículos y las actividades de los bancos, impuestos que directa o indirectamente recaerán o se trasladarán sobre todos los pampeanos.

Como ciudadana, me hago algunas preguntas que seguro muchos de ustedes también se hacen:

¿Ante la reducción de los recursos financieros e ingresos públicos, y simultáneamente frente a la necesidad social de asistir a quienes más lo necesitan, el gobierno de la provincia no encontró otra opción que gravar con más carga tributaria a la ciudadanía?

¿Hasta cuándo esta va a ser la receta a aplicar frente la escasez por parte del poder estatal, mientras las familias ajustamos y priorizamos nuestros gastos de la vida cotidiana?

Cuando el Estado pretende imponer una mayor carga tributaria sobre las personas y las organizaciones privadas, debería primeramente explicarnos de manera masiva con información fidedigna y abundante sobre el tema.

Esta mayor carga impositiva sobre la actividad privada, debe estar plenamente justificada ante quienes se verían obligados a compartir parte de los frutos de su propio esfuerzo para asistir a otros conciudadanos necesitados.

El Estado, que en forma concreta lo representan y dirigen hombres y mujeres pensantes, no es un ente abstracto. Son estos funcionarios quienes deberían sentir la necesidad de informar, insisto, de modo masivo y transparente, sobre el tema que nos ocupa.

Qué localidades presentan mayores índices de pobreza o inseguridad alimentaria para asistir; qué cantidad de personas necesitan ser asistidas, las razones y factores concretos que configuran esa vulnerabilidad; qué nivel de capacitación y formación tienen para su integración sociolaboral plena; qué asistencia han recibido hasta el momento, y qué déficit persiste para cubrir las necesidades críticas.

Los objetivos a cumplir con este Fondo Alimentario Extraordinario, deben quedar bien determinados para que los ciudadanos aportantes tengan claridad y precisión sobre el buen uso de su esfuerzo extraordinario.

El Estado debe comprometerse a rendir cuentas sobre ello, e informar periódicamente sobre la evolución de la situación alimentaria, sobre la aplicación de los recursos, y sobre las políticas desarrolladas para erradicar la pobreza.

Nada de esta información está contenida en los considerandos del Proyecto de Ley, como tampoco hay en su articulado, obligación alguna por parte del Estado a rendir cuentas de una manera sencilla pero sustancial, sobre el destino de los recursos y los resultados de ello.

Increíble y llamativamente, sólo hay precisión para determinar el porcentaje y las condiciones a partir de las cuales las personas jurídicas y físicas deberán pagar el impuesto/aporte adicional, pero no existe esta precisión para la carga que deberán aportar los agentes y funcionarios estatales con mayores ingresos provenientes del sector público o entidades relacionadas con éste.

Sigo preguntándome, ¿cómo creen los funcionarios que hemos hecho las familias y organizaciones productivas para sobrellevar los efectos de la pandemia, las altas tasas de inflación, las altas tasas de impuestos y sus consecuencias?

La única opción que hemos podido controlar, es ajustar nuestro modo de vida, con privaciones y limitaciones.

¿Las regalías del petróleo pampeano no serían suficientes para atender la necesidad de alimentos al sector más vulnerable de nuestra provincia en una situación de emergencia, en lugar de aumentar el impuesto a los ingresos brutos de los bancos que recaerá en el resumen de la tarjeta de crédito de todos?

El Estado no puede ser ajeno ni desentenderse de la realidad: en tiempos dolorosos y difíciles como los que estamos viviendo, sin dudas hay que tener empatía y ayudar a los que más necesitan, pero para ello, tiene que hacer lo mismo que hacemos todos: ajustarnos a los recursos disponibles, y priorizar las necesidades y urgencias por encima de gastos que pueden esperar para tiempos mejores.

Ojalá los diputados y diputadas que tendrán la responsabilidad de votar esta ley en los próximos días, entiendan que los ciudadanos queremos tener un Estado que con austeridad y responsabilidad preste los servicios básicos y de calidad que necesita la población; y de ninguna manera queremos un Estado insensiblemente gastador, que le carga el peso de sus crisis, primeramente hacia las personas y las organizaciones privadas.

C.P.N. María Alejandra Marega

DNI 17.310.801