El rector de la UNLPam y presidente del CIN, consideró que es muy importante que el Congreso Nacional apruebe una ley de financiamiento.

Este miércoles 23 se cumple un año de la Marcha Federal Universitaria que congregó a miles de personas en distintas ciudades de todo el país para protestar contra el ajuste hacia las universidades públicas. Sin embargo, casi nada cambió desde ese día a la fecha, ya que la educación superior estatal sigue atravesando un difícil momento a causa de las políticas de la gestión de Javier Milei.

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y Rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Oscar Alpa, brindó una entrevista a Infobae donde dio detalles de la situación actual. En línea con los reclamos de las agrupaciones docentes y no docentes, Alpa señaló que durante este año se profundiza la caída de los salarios del sector y el desfinanciamiento científico, así como continúa la desactualización de los gastos de funcionamiento.

"Estamos atravesando uno de los momentos más críticos del sistema universitario. Un año después de la marcha de abril, estamos peor. En términos salariales, la pérdida real del poder adquisitivo para docentes y no docentes ya supera los 80 puntos, lo que representa una caída del 33% en los ingresos. La situación se agrava porque llevamos dos años sin presupuesto, y algunas partidas siguen con los valores de 2023. Incluso en áreas como ciencia y técnica –que ya estaban mal financiadas–, no solo no se actualizaron los montos, sino que en 2023, en muchos casos, ni siquiera se ejecutaron los fondos asignados", describió.

Explicó que los gastos de funcionamiento tuvieron una actualización parcial en el 2024, después de la primera Marcha Federal por la Educación, aunque todavía falta contemplar la inflación del 117% que se dio ese año. "Por ejemplo, en nuestra universidad (la UNLPam) veníamos recibiendo unos 300 millones de pesos mensuales para gastos de funcionamiento; desde enero de 2025 empezamos a recibir solo 200 millones, sin ajuste por inflación. Hubo un recorte nominal del 33% en todas las universidades del país", puntualizó el ex Secretario de Políticas Universitarias durante el segundo tramo del gobierno de Alberto Fernández.

Alpa expresó que las becas también fueron afectadas. Por ejemplo, la beca Progresar, que era percibida por el 20% de los estudiantes universitarios en todo el país, disminuyó a la mitad la cantidad de beneficiarios y el monto actual es solo de $ 50.000, en tanto que la beca Manuel Belgrano, orientada para carreras estratégicas, no fue actualizada y los estudiantes beneficiarios cobran solo $ 80.000. 

Durante todo el año pasado, el gobierno nacional no ejecutó ninguna obra dedicada a mejorar o ampliar la infraestructura de las universidades. La situación también es crítica en el área de Ciencia y Técnica, ya que "la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación ha sido prácticamente desarmada, y el año pasado ni siquiera se transfirieron los fondos de investigación correspondientes a las universidades".

El rector de la UNLPam afirmó que poseen el respaldo de la sociedad en cuanto a sus reclamos y está de acuerdo con alcanzar la estabilidad macroeconómica, aunque se preguntó "¿A costa de qué?". La masiva movilización a favor de las universidades que se desarrolló en abril del 2024 logró que el gobierno actualizara los recursos para gastos de funcionamiento y se concediera un incremento salarial para docentes y no docentes.

"Lo que estamos planteando ahora es la necesidad de contar con una ley de financiamiento universitario. No podemos planificar si no tenemos reglas claras. El año pasado se sancionó una ley, pero fue vetada. Por eso ya comenzamos a trabajar en una nueva propuesta desde el CIN, junto con la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical. Tuvimos una primera reunión con el objetivo de pensar una ley que no sea solo una respuesta coyuntural, sino que nos permita mirar hacia el futuro", informó.

Alpa explicó que están evaluando alternativas, "como vincular el financiamiento universitario a un porcentaje de la recaudación tributaria", cuyo objetivo es "garantizar un piso de financiamiento previsible, porque sin eso, el funcionamiento básico del sistema no puede sostenerse". Adelantó que están realizando gestiones para poder reunirse con legisladores a mediados de mayo para poder delinear una propuesta concreta. 

El presidente del CIN alertó que aunque se logre terminar con el ajuste presupuestario contra el sistema universitario, "el daño ya está hecho". Como ejemplo de ello sostuvo que, ante los paupérrimos sueldos en nuestro país, muchos científicos y docentes están emigrando en busca de mejores ofertas laborales.

Asimismo, señaló que las medidas de fuerza de los gremios "son legítimas y necesarias", pero remarcó que su tarea es "asegurar los recursos" y defender "el trabajo de docentes y no docentes", teniendo en cuenta que entre el 90% y 95% del presupuesto universitario se destina a salarios. "Los recursos humanos son la esencia del sistema universitario", afirmó.

Advirtió que se logró gestionar financiamiento internacional para llevar adelante trabajos en la infraestructura universitaria, pero esas inversiones no se están ejecutando. "No sé qué ocurrió con los fondos. Sabemos que el Gobierno actual ha decidido, como política general, cancelar todas las obras públicas", dijo.