Este martes clausuraron una residencia geriátrica de General Pico. “Cada actividad tiene una serie de requisitos a cumplir de manera previa a la habilitación comercial, la que dependiendo del rubro que se explote varía en mayor o menor medida”, explicó Eduardo Lettieri, juez de Faltas de la ciudad.

“Es de destacar que previo a dicha determinación se realizó un análisis de las pruebas de los expedientes, entre las que se evaluaron varias prórrogas previamente otorgadas, como así mismo las sentencias que antecedieron por símiles infracciones, pero con la particularidad que en esta última infracción se remitió junto a la misma un informe en conjunto de las áreas de Familia, Comercio e Infraestructura poniéndonos en conocimiento sobre la carencia de planos actualizados en Obras Particulares, de conexión de Gas por parte de Camuzzi, situaciones de hacinamiento, evaluaciones medicas con irregularidades, falta de planes nutricionales, de libros obligatorios, entre otros”, agregó respecto a la clausura.

Desde la dirección de Familia, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano y Social, Nélida Roldán explicó que “esto surge como resultado del trabajo interdisciplinario que llevamos a cabo junto con el área de Comercio y de Infraestructura y Obras Particulares, evaluando  los resultados de las fiscalizaciones y asesorando a los propietarios a fin de que puedan adecuarse a la normativa vigente y evitar así este tipo de situaciones”.

“En virtud de la notificación y sentencia desde la Dirección se trabajó con los familiares a fin de que ellos como responsables pudieran hacerse cargo de la manera que lo creyeran conveniente  a fin de salvaguardar la integridad de los residentes. Al respecto  también evaluamos que fueron los ellos quienes respondieron en el sentido esperado evitando exponerlos a situaciones  de mayor vulnerabilidad”, agregó la funcionaria.

Para finalizar, Roldán dijo “continuaremos trabajando en este sentido con el resto de las instituciones que aún no han podido cumplimentar con los requisitos que establece la ordenanza 259 y la Ley provincial 2131, que rigen el funcionamiento de las instituciones geriátricas”.

Mientras que el Juez Faltas resaltó “apelamos a que en caso de utilizar los servicios que este tipo de instituciones ofrece sean los mismos familiares o responsables del adulto mayor, quienes confirmen previamente respecto de las condiciones de la residencia. Para esto pueden realizar consultas en el área de Comercio o de Infraestructura, en el palacio municipal”.