Un exsoldado voluntario oriundo de La Pampa fue condenado a dos años de prisión en suspenso por el delito de facilitación y tenencia de imágenes de material pornográfico con representación de menores de 18 años. La causa fue iniciada, el año pasado, a partir de una denuncia que se efectuó desde Estados Unidos.

El exmilitar facilitó a personas no individualizadas al menos cinco archivos de imágenes y videos con contenido de pornografía infantil. Asimismo, tenía en su poder 36 archivos, entre videos y fotografías, de material pornográfico con representaciones de imágenes de menores de 18 años en su notebook.

La causa estuvo a cargo de Cristian Casais, perteneciente a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género. La condena fue firmada en las últimas horas por la jueza Florencia Maza.

Una particularidad

La denuncia fue realizada por una empresa de internet en Estados Unidos. La multinacional alertó que este hombre, por email o redes sociales, estaba distribuyendo imágenes y videos, de contenido pornográfico, de menores de edad.

La Justicia de EE.UU., con los datos de la dirección de IP -“Internet Protocol”, o “Protocolo de Internet”, es decir, el número que se le asigna a cada computadora o dispositivo tecnológico dentro de la red- pudo determinar que el acusado actuaba en Argentina.

Así, la denuncia recayó en la Justicia pampeana. La jueza Maza el año pasado ordenó un allanamiento en un cuartel de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), detuvo al soldado que se encontraba alojado allí y decomisó material pornográfico. También allanó la casa de los padres del acusado, en Santa Rosa.

El imputado fue condenado, a partir de lo solicitado por el representante del MPF, a la pena de dos años de prisión en suspenso. “Este hombre es el autor material y penalmente responsable del delito de facilitación de representaciones de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas, en concurso real con tenencia de imágenes de material pornográfico con representación de menores de 18 años, dedicado a actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”, informaron desde la fiscalía.

Además, la jueza Maza le ordenó el cumplimiento durante dos años de las siguientes reglas de conducta: fijar domicilio, del que no podrá ausentarse sin conocimiento o autorización de la autoridad judicial correspondiente, sometiéndose al cuidado y contralor de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación de personas en conflicto con la ley penal, dependiente del Ente de Políticas Socializadoras; realizar un tratamiento psicoterapéutico, debiendo presentar las constancias de dicho tratamiento y su eventual alta médica ante la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación de personas en conflicto con la ley penal.