Este martes se llevó a cabo el acuerdo de “resguardo y reparación” para docentes acusados en el ejercicio de sus funciones logrado en paritaria. La medida se anunció en momentos en que arrecian las denuncias de alumnos y alumnas sobre abusos en escuelas de Santa Rosa.

El acuerdo fue explicado en una conferencia de prensa que brindaron los dirigentes del secretariado provincial.

Los representantes gremiales explicaron que se trata del acuerdo número 138 que establece que el Ministerio de Educación dará “tratamiento reservado de los procedimientos administrativos disciplinarios que le competen, en los que el docente se encuentre investigado, hasta que su situación procesal sea resuelta mediante resolución firme, resguardando el derecho a la intimidad y el principio de inocencia”.

La dirigente Carina Peredo destacó el logro y dijo que el acuerdo no tiene que ver con las denuncias de abusos que salieron a la luz en los últimos días, sino que hace dos años que vienen trabajando en la iniciativa.

A partir de ahora el Estado está obligado a adoptar medidas que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos de toda la población, también debe proteger a sus ciudadanos ante situaciones de desigualdad estructural que afecten a un sector de los/las trabajadores/as y que por su función social están expuestos/as nuevas exigencias en el ejercicio de su labor, por lo que es necesario de adoptar medidas de acción para tutelar tal desigualdad y desprotección, explicaron desde Utelpa.

“El Estado debe garantizar condiciones dignas en cumplimiento del Convenio 155 de la OIT, incorporado al sistema normativo nacional a través la Ley 26693. Asegurar esta condición como derecho del/la trabajador/a es fundamental para determinar responsabilidades y delimitar los niveles de decisión sobre acciones”, sostuvo el gremio.

“El cambio de ámbito laboral y/o separación del cargo no garantizan por sí solo el resguardo del/la trabajador/a durante el proceso de investigación, en la mayoría de las veces se transforma en una sanción explicita en desmedro de su carrera profesional”, remarcó Utelpa.

“Es deber del Estado promover y sostener las investigaciones sobre las denuncias que se realicen desde todos los sectores y actores sociales. Para el/la docente, las investigaciones en su contra representan una obligación a la cual deben someterse conforme a las reglas del estado de derecho, por lo que corresponde que, al docente, también se le apliquen los principios fundacionales del estado de derecho, como lo es el principio de inocencia, el debido proceso y ejercicio del derecho de defensa”, destacó.

“Ese sometimiento de los/las Trabajadores/as de la Educación a los procesos sumariales conforme a derecho, también implica que no se debe prejuzgar sus conductas”, agregó el gremio docente.

La secretaria general Lilia López reveló que en la paritaria los representantes del Ejecutivo no realizaron oferta salarial alguna, como esperaban los sindicatos. En su lugar, pidieron pasar a un cuarto intermedio, por lo que las negociaciones se retomarán en los primeros días de diciembre.