El escándalo de los clubes Boca y River durante la final de la Copa Libertadores tuvo eco ayer en la Cámara de Diputados, que regaló un papelón monumental al no poder votar en el recinto el descremado proyecto para penar el accionar de las barras bravas. La iniciativa, que fue aprobada en general por 201 legisladores, se trabó en el recinto durante su discusión en particular tras la moción del aliado oficialista Martín Lousteau para devolver el texto a comisión, que fue acompañada por toda la oposición.

La insólita situación se dio después de horas de debate y tras un combo de idas y vueltas del oficialismo y del antimacrismo. Anoche no funcionó la “rosca” que tanto vanagloria el presidente de Diputados y peronista con témpera Pro, Emilio Monzó, que fue aprovechada por la oposición para lavar una ley que empujó casi en soledad la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que el Ejecutivo tuvo que volver a presentar tras más de dos años de siesta.

Festejaron anoche algunos emisarios relacionados con la Jefatura de Gabinete que comanda Marcos Peña, que en los últimos días pujaron por la no incorporación de la incompatibilidad de cargos públicos nacionales con la dirigencia del fútbol. Ese pedido fue analizado ayer por legisladores del oficialismo y de la oposición en el recinto, quienes envalentonados por la Coalición Cívica trataron de sumar a los sindicalistas. Todo quedó, por ahora, en la nada.

El Senado fue un espectador de lujo de este bochorno. Horas antes de la patinada en el recinto de Diputados, la Cámara alta anticipó la decisión de tratar la ley antibarras recién en febrero próximo, ante una eventual convocatoria del Ejecutivo a sesiones extraordinarias. También abrazó el empujón para mandar a siesta estival la ley de financiamiento político.

Más allá del futuro de la resbaladiza iniciativa, el problema que aparece ante una potencial convocatoria a sesiones extra-ordinarias en febrero de 2019 es el supuesto envío de Casa Rosa- da -ya amagó en un sinfín de ocasiones- de la reforma del Código Penal, que sería anuncia- da por Mauricio Macri el 1 de marzo, durante la Asamblea Legislativa de apertura de sesiones ordinarias.

De esta manera, si Diputados no llega a solucionar este embrollo antes del 28 de diciembre próximo -fin de la convocatoria a extraordinarias-, quedará febrero para tratar el proyecto, siempre y cuando Casa Rosada decida que el Congreso trabaje. Todo será a días del aterrizaje del anteproyecto que plumea desde hace largos meses la comisión especial de reforma del Código Penal que preside Mariano Borinsky, y podrían existir incongruencias entre ambas iniciativas.

(Ámbito.com)