Si la temporada “primavera-verano” de 2017 había despertado una seguidilla de detenciones que sacudieron al mundo político, los vientos del verano-otoño parecen abrir las rejas de las cárceles. El ex vicepresidente Amado Boudou y su amigo José María Núñez Carmona, implicados en el caso Ciccone, inauguraron la lista en enero, pero en los últimos días la libertad llegó para Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, y para los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Ayer, en la mañana del 42º aniversario del golpe de Estado, se sumaron a la nómina de excarcelados el ex secretario Legal y Técnico de la era K Carlos Zannini y el piquetero Luis D’Elía, procesados por el Memorándum con Irán en donde también está acusada Cristina Fernández. 

La pregunta ahora es quiénes serán los próximos en quebrar la moda de las prisiones preventivas. En el horizonte, el primer nombre que aparece es Julio De Vido, el ex ministro de Planificación. Fuentes judiciales indicaron que ya logró sacarse de encima uno de los procesamientos que lo llevaron a prisión (el de Gas Licuado) y ahora probaría suerte con un planteo de excarcelación en la causa de Río Turbio.  

Según pudo saber Perfil, la jugada estuvo pensada desde enero cuando la defensa desistió sorpresivamente de una apelación a Casación para no tener una confirmación de ese tribunal de alzada. Mientras tanto,  el fiscal Carlos Stornelli fue apartado esta semana de la causa Río Turbio por pedido de Baratta. “Se ve que era necesario correrme”, disparó el fiscal Carlos Stornelli. 

La causa Río Turbio es la única que ahora justifica la prisión preventiva de De Vido. Es precisamente la que dio por inaugurada mediáticamente la llamada “doctrina Irurzun”, que hablaba de los riesgos que tenían funcionarios y ex funcionarios para intervenir en las causas en libertad si conservaban espacios de poder. 

El fallo del Tribunal Oral Federal 8 que liberó a Zannini y D’Elía dio por tierra con los riesgos planteados en esa “doctrina”. “El hecho de que el imputado Zannini, hasta el momento de su detención, hubiese ocupado un cargo en la administración pública de la provincia de Santa Cruz, no configura un argumento de peso suficiente para entender verificada a su respecto la vinculación con el poder que crearía el riesgo procesal en el sentido previsto por la ley”, dijeron las juezas Sabrina Namer y Gabriela López Iñíguez.  Y añadieron: “Tampoco se advierten razones para pensar que Zannini, tenga algún tipo de vínculo con el gobierno actual, como para tener por existentes las ‘influencias’ referidas anteriormente”. 

El mismo criterio alcanzó a D’Elía, ya liberado, en un fallo en donde fue clave el dictamen de la fiscal Gabriela Baigun. Mañana, las defensas de Fernando Esteche, el ex líder de Quebracho, y el lobista pro-iraní Jorge Youssef, detenidos por la causa del Memorándum, pedirán sus excarcelaciones porque los alcanzarían los mismos argumentos que para Zannini y D’Elía. 

Aunque está detenido por causas de lesa humanidad, el que pidió esta semana su excarcelación a la Cámara Federal de Casación Penal fue el ex jefe del Ejército, César Milani, otro de los referentes K que están tras las rejas, indicaron a Perfil fuentes judiciales. 

Y hay expectativa porque los primeros días de abril cumplirán dos años presos el empresario Lázaro Báez, su contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco. Como no tienen condena pedirían sus excarcelaciones. Pero el TOF 4, sorteado esta semana para hacer el juicio del dinero K, podrían rechazar el pedido ante la inminencia del debate que podría ser para fin de año. 

(Perfil)