El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes pidió la detención del extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, del empresario Cristóbal López y su socio, Fabián de Sousa, en la causa en que están investigados por haber retenido 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles, con la supuesta anuencia del Estado. 

Moldes pretende que los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación, Eduardo Riggi, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, revoquen la decisión de la Cámara Federal que había liberado a López y De Souza. 

Nada se resolverá en lo inmediato. La Cámara de Casación analizará el caso y se pronunciará luego de las Pascuas. 

La Cámara federal (Sala I), con la firma de los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero, cambió la calificación legal del delito investigado y entendió que en lugar de haber cometido fraude, los empresarios debían ser juzgados por evasión fiscal, lo que alivia su causa. Esto es así porque un delito fiscal puede encuadrase en la ley penal tributaria que prevé que con el pago los acusados evitan una sanción penal. 

Gerardo Pollicita, el fiscal de este caso en primera instancia, entendió que esto es un fraude vinculado con la corrupción del kirchnerismo y que el Estado permitía que los pagos de impuestos no se hicieran y a cambio se recibían retornos. 

López, con el dinero que retuvo, hizo crecer su Grupo Indalo y compró medios de comunicación que puso al servicio del kirchnerismo. 

La liberación de Cristóbal López indignó al Gobierno, que redobló la presión para investigar a Farah y Ballestero. Además, la Corte Suprema de Justicia abrió un sumario para determinar cómo se integró esa sala y la diputada nacional de Cambiemos, Elisa Carrió, denunció penalmente a los camaristas porque entendió que pudo haber habido sobornos o tráfico de influencias para obtener la liberación de López. 

(La Nación)