La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva para la ex presidenta Cristina de Kirchner como jefa de una asociación ilícita y 27 hechos de cohecho en la causa por los cuadernos de la corrupción. La medida alcanza a otros exfuncionarios, mientras que favoreció a un grupo de empresarios, muchos de los cuales declararon como arrepentidos.

La confirmación del procesamiento de la exmandataria era el hecho judicial al cual el juez federal Claudio Bonadio había dejado supeditado un nuevo pedido de desafuero contra la ex mandataria.

La Sala I de la Cámara Federal ratificó además el procesamiento y la prisión preventiva para el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex secretario de Obra Pública José López y el ex subsecretario de Control y Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, todos ya detenidos, como organizadores de la asociación ilícita.

La Cámara Federal validó la constitucionalidad de la figura del arrepentido en el caso, confirmó a Bonadio en la investigación y se consideró como "prueba válida" a los ocho cuadernos del remisero de Baratta, el chofer Oscar Centeno, uno de los arrepentidos, cuyo procesamiento quedó ahora ratificado como miembro de asociación ilícita.

"Los ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno entre 2005 y 2010, y nuevamente desde 2013 a 2015, son testimonios de la realidad; el más detallado que se pueda tener sobre una práctica de corrupción enquistada en el corazón del gobierno de la última década", sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en el fallo al que accedió Télam.

En los cuadernos escritos por Centeno "se relatan infinidad de trayectos por las calles de esta ciudad y del conurbano, cientos de nombres y de lugares, múltiples escenas surcadas por un mismo denominador común: el dinero", destacaron los camaristas.

Para la Cámara Federal, Centeno "fue testigo de numerosas actividades donde el dinero era el protagonista" ya que "lo vio desfilar en bolsos, mochilas y bolsas, tanto en residencias como en vehículos, en hoteles o en la vía pública, desde los más diversos orígenes, pero con pocos puntos de destino".

Sobre los destinos del dinero, los magistrados destacaron que, de acuerdo al relato de Centeno, fue en una primera etapa a "los domicilios del (entonces) matrimonio presidencial" y en "el segundo período de narración" a la vivienda de Baratta y a la Quinta de Olivos.

A la mayoría de los empresarios imputados, la Cámara Federal porteña les dictó la falta de mérito con relación al delito de asociación ilícita, y los procesó por cohecho (coimas), un delito más grave que el de dádivas, imputado en algunos casos por Bonadio.

En ese mayoritario grupo de 22 empresarios aparecen, entre otros, el ex director de Iecsa Angel Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y los empresarios Aldo Roggio, y el CEO de Techint, Luis Betnaza.

Los tres empresarios que quedaron, según el fallo de la Cámara, dentro de la asociación ilícita fueron el financista Ernesto Clarens (organizador), el ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner (organizador), y Gerardo Ferreyra.

Clarens y Wagner permanecerán en libertad tras haberse acogido al régimen de los imputados colaboradores o arrepentidos, mientras que Ferreyra seguirá en prisión.

El Tribunal de Apelaciones confirmó además los procesamientos con prisión preventiva de los ex funcionarios Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Oscar Thomas, como miembros de asociación ilícita.

La Cámara Federal revocó, además, la falta de mérito con la que habían sido beneficiados los empresarios Jorge Neira, Héctor Sánchez Caballero, Rodolfo Poblete, Héctor Zabaleta y Francisco Valenti, y los procesó como partícipes necesarios de cohecho, al hacer lugar a una apelación al respecto de los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo.

Entre los beneficiados por el fallo aparecen el ex juez federal Norberto Oyarbide y los ex funcionarios kirchneristas Oscar Parrilli, Javier Fernández y Jorge Mayoral, cuyos procesamientos fueron revocados y quedaron con falta de mérito.

En los casos de Oyarbide y Fernández, los jueces Bruglia y Bertuzzi entendieron que no fueron parte del supuesto sistema de recaudación de fondos ilegales pero podrían haber recibido dinero de la asociación ilícita, por lo que ordenaron extraer testimonios y enviarlos a sorteo para ser investigados.

El Tribunal ordenó liberar a ocho detenidos: a los ex funcionarios Hernán Gómez, Fabián García Rawson, Walter Fagyas y Hernán del Río y a los empreseradios Raúl Vertúa, Carlos Mundin, Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain, estos dos últimos con prisión domiciliaria hasta el momento.