La investigación estuvo a cargo del fiscal Andrés Torino, perteneciente a la fiscalía de Violencia Familiar y de Género.

Tras la solicitud del representante del MPF, se condenó al agresor a la pena de 16 años de prisión.

El imputado fue responsable de ser el autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima y por haber sido ejecutado con aprovechamiento de la convivencia preexistente con una menor de 18 años.

El acusado agredió sexualmente a su hija de 17 años, accediéndola carnalmente en múltiples oportunidades, desde que ella tenía 13 años, mediante violencia física y psicológica. Esta situación comenzó en el 2015, en el domicilio donde convivía con la niña y el resto del grupo familiar, y perduró hasta diciembre del 2017 cuando la joven se trasladó a vivir con su madre y hermanas a otra ciudad.

Como consecuencia de la multiplicidad y la intensidad de estas agresiones sexuales, la agredida presentó un grave daño en su salud mental, circunstancia que fue indicada como compatible con un trastorno de stress postraumático.

El juez de audiencia de juicio fue el doctor Daniel Alfredo Sáez Zamora.