En el marco de una causa en la que se investigan maniobras extorsivas contra empresarios del transporte, una división de la superintendencia de Investigaciones Federales de la policía allana la sede central del Sindicato de Camioneros, ubicada en la calle San José al 1700 del barrio porteño de Constitución.

El procedimiento se realiza a partir de un exhorto librado por el juzgado de garantías N° 1 de Moreno, a cargo de Adriana Alicia Julián. La fiscalía investiga denuncias presentadas contra representantes del sindicato respecto de maniobras extorsivas sufridas por empresarios del transporte, vinculadas al otorgamiento de habilitaciones para sus choferes.

Este operativo se lleva a cabo tras el allanamiento a la sede San Miguel del sindicato que lideran Hugo y Pablo Moyano, donde días atrás se incautaron 130 mil dólares y más de 300 mil pesos de una caja fuerte. En este caso, los efectivos policiales fueron directamente a la oficina del titular del sindicato, Walter Rojas, y allí encontraron la caja fuerte con el dinero, que estaba separado en distintos fajos y tenía anotados diferentes nombres.

La causa se inició a raíz de una denuncia que asegura que dirigentes del Sindicato de Choferes de Camiones de San Miguel ejercen amenazas y realizan pedidos de coimas a transportistas y comerciantes para que trabajen únicamente con determinadas empresas, las cuales estarían en connivencia con su agrupación.

El expediente se inició en marzo y los denunciantes serían del rubro de alimentos congelados, a los que aparentemente también les pedían una importante suma de dinero para realizar diferentes trámites vinculados a la circulación y la manipulación de los productos.

Otra de las denuncias que figuran en el expediente, en el cual interviene la jueza de Garantías 1 de Moreno, Adriana Julián, señala que desde el sindicato los amenazaban con que les iban a triplicar el costo de los cánones de los camiones con cámaras congeladoras si no les aumentaban los sueldos a los empleados.

También había extorsiones para que les pagaran a los choferes por kilómetros recorridos bajo la amenaza de que, de lo contrario, se iban a quedar con esos puestos de trabajo.

Por otro lado, en marzo se había realizado otro allanamiento en la sede central de Camioneros. En este caso fue a instancias del juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freytes, que remitió un exhorto a Claudio Bonadio. Sánchez Freytes tiene a su cargo un expediente judicial que busca determinar si hubo irregularidades en la compra de unos terrenos en La Falda para el gremio.

Según consta en la causa, Camioneros pagó seis millones de pesos por los terrenos, cuando meses atrás tenían un valor mucho más bajo. El objetivo del juzgado fue realizar un peritaje contable de los libros secuestrados para determinar si se cometieron los delitos que se investigan.

Infobae