Las palabras repicaban como en un zaguán con sonidos metálicos, esdrújulos, sin pasión ni convicción: técnico, jurídico, empírico, eran vocablos saltarines en boca de quienes para explicar terminaban refugiándose, en comparaciones de campaña: los K eran “mucho peores”! y ellos: solo son “peores”? Con ese pensamiento estamos fritos…recontra fritos!

Ahora, trataré de continuar con mi nota del sábado pasado.

Parece que “algo se puede hacer”…

El gobierno ha girado a la Auditoria General  de la Nación, que depende del Congreso Nacional, para que dictamine sobre “la conformidad del escándalo”. Tal vez, debieron girarlo a la SIGEN (Sindicatura General de la Nación).

El estado nacional, detenta casi el 33% del pasivo de C A S.A. $ 296.205.376 a valores del 19/09/2001, y que ha quedado “congelado”. La demanda del grupo SOCMA (Sociedades Macri), contra el Estado, es de $ 2364 millones a valores de 2003, cuando Nestor K. le quitó la concesión y se apropíó de gran cantidad de bienes del CA S.A. ya concursada. Por esa suma Socma pretende 11% de interés anual hasta 2009, y luego a convenir.

Francamente, la asimetría de montos y valores asusta: si el estado perdiese los juicios mañana: debería  pagar a Socma (Sociedades Macri) casi 5000 millones; enseguida nomás: paga el concurso, y embolsa  4000! Para que hablar de pavadas como 70000 millones? Estas simples aritméticas espantan!

 Posiblemente, la Auditoría General de la Nación no diga nada o diga que esa conformidad “es nula o anulable”, por ser contraria al interés público, o algo parecido, o por estar otorgada por funcionario sin competencia (Dr. Morocoa). Sin dudas: el Congreso tendrá la última palabra.

La “conformidad del escándalo” ya le fue otorgada a la empresa, quien la ha presentado en  el expediente que debe resolver el juez del concurso, aunque antes deberá tratarse el dictamen  de la fiscal general, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, Dra. Boquim, que ha solicitado su nulidad. Hay que ver…

A veces, hay conformidades muy amplias a favor de los concursados, que el juez se encarga de estrechar, perjudicando a la empresa, aunque sin mandarla a la quiebra. Ahora, más allá o más acá del dictamen de la fiscal, el juez podría decir: “hay acuerdo, pero para mí es abusivo y fraudulento, presenten otro”. Y “la ley es lo que el juez dice que es”, con fiscal o sin fiscal…

Si esto sucede, el Presidente Macri, deberá “volver a decidir”, por ejemplo: otorgando la “nueva conformidad”, a la empresa de sus hijos y parientes, a condición de que la misma desista de sus juicios contra el estado, o los adecue a los justos valores de ambos reclamos y se posibilite arribar a una transacción equitativa: no hay duda de que la maniobra de Nestor K, perjudicó aún más a la empresa que ya estaba concursada, como tampoco hay duda sobre las deudas del CA S.A. con el estado.

 Si se diera esta circunstancia, la imputación (investigación) al presidente y a su ministro podría caerse. También es posible que el estado recupere dinero de manera genuina y razonable y no de una forma ridícula y vergonzosa como la que expresó el ministro Aguad, cuando se “autoelogió” por intentar cobrar lo que los K no cobraron, sin explicar que era a valores de 2001, en un plazo hasta 2033, en pesos, al 7% anual de interés. De allí salen los 600 millones. Y las demandas de Socma contra el estado?! “bien, gracias…”

Finalmente: entre los 70.000 millones de la “kakistocracia militante” hay miles de mentiras, tan grandes como las de quienes, en estas mismas páginas han querido hacernos creer, que Correo Argentino S.A. estaba fundida, y que si no se cobraban los 292,8 millones de pesos (ya dije son 296) más intereses a 15 años, no se cobraría nada.

Si el juez no acepta el acuerdo, el Presidente de la Nación tendrá la palabra. Espero, ansioso, escuchar la palabra de un estadista.

Manuel Elías