El 9 de abril de 1991, en inmediaciones del Estadio Obras Sanitarias, en Núñez, se iba a desarrollar un recital de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota y centenares de personas que se dirigían a ese escenario fueron detenidas por la Policía Federal en una razzia. Uno de ellos era Walter Bulacio, quien murió como consecuencia de una golpiza en una comisaría

Hoy se conoció que una de las dos víctimas fallecidas ayer en Olavarría durante el recital del Indio Solari, se llamaba Juan Francisco Bulacio.

El apellido Bulacio se transformó, en la década del 90, en un símbolo de la violencia policial ilegal en democracia. Según constancias de las actuaciones, Walter, de 17 años, murió por un "aneurisma no traumático" tras ser alojado en la comisaría 35a de Belgrano.

"Primero quiero aclarar que Walter no se murió, lo mató la policía. Sí, es muy fuerte que sobre 300 mil personas que hubo, justo una de las dos víctimas fatales se llame Bulacio. A nosotros nos pega. Pero dijimos que no es familiar y no tiene que ver", dijo a La Nación María del Carmen Verdú, abogada de la familia de Walter Bulacio.

"Cuando nos fuimos enterando de lo que estaba sucediendo en Olavarría y las consecuencias, pensamos más bien en Cromagnon, en Lapa, en la masacre de Once, en Time Wrap. En un empresario inescrupuloso que reduce costos en materia de seguridad de las personas y en un aparato estatal, en este caso el gobierno de la ciudad de Olavarría, que ni siquiera tiene una relación de tolerancia como tenía [el ex jefe de gobierno porteño, Aníbal] Ibarra con [el empresario que manejaba Cromagnón, Omar] Chabán. Acá directamente el intendente es socio. Nunca vi algo así".

El proceso judicial, 22 años más tarde

Por el caso fue juzgado, 22 años más tarde, el ex comisario Miguel Angel Espósito. Sólo fue procesado por la detención ilegal. Nunca por el delito de torturas seguidas de muerte, como esperaba la familia.

Quienes detuvieron a Walter en 1991 invocaron entonces el "Memorando 40", una disposición pergeñada por dos jueces correccionales en 1967, que autorizaba a los comisarios a no dar intervención a la Justicia por la detención de un menor de edad (siempre que no fuera por un delito), cuando el propósito fuera entregárselo a los padres.

Por el caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a la Argentina el 18 de septiembre de 2003, luego de que el Estado admitiera su responsabilidad en la muerte de Bulacio, a indemnizar a su familia y a "concluir la investigación del conjunto de los hechos de este caso y sancionar a los responsables de los mismos".

En aquella oportunidad, la CIDH ordenó indemnizar a la familia de Bulacio y declaró que la causa es imprescriptible, por tratarse de un crimen de Estado, con iguales características que los de lesa humanidad.

Además, se pidió que en un lapso razonable se sancione a los responsables de la detención ilegal de Bulacio y se investigue la conducta de todos los jueces "responsables de la gravísima situación de impunidad".

En septiembre de 2008, Espósito fue despedido de la Policía Federal y tres meses después solicitó la colaboración del Consejo de la Magistratura para realizar un "exhaustivo" estudio sobre la conducta de los cuatro jueces que intervinieron en la causa: Víctor Pettigiani, Alicia Iermini, Facundo Cubas y María Cecilia Maiza.

En 2013, un tribunal oral porteño comenzó a juzgar al ex comisario por la detención ilegal. El juicio estuvo precedido de un acto y movilización organizados por la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI) que tuvo lugar a las 9 en la plaza situada en Paraguay y Callao, desde donde marcharon al tribunal.

Según la abogada de la familia, María del Carmen Verdú, dijo entonces: "El juicio sirve para exponer cómo funcionaba en 1991, y cómo sigue funcionando hoy, el sistema de detenciones arbitrarias en el país, que es el antecedente de centenares de muertes en comisarías".

Fuente: La Nación