Carles Puigdemont pactó su entrega. A la 9,17 llegó discretamente a una comisaría de Bruselas para evitar la foto indecorosa de su detención. Pasó apenas 14 horas bajo custodia: esta medianoche el ex presidente catalán, reclamado por la justicia española, logró que un juez belga lo dejara en libertad vigilada.

Así, el hombre que hace 10 días proclamó la república catalana y huyó disfrutará en lo inmediato de una situación mucho más relajada que la de su ex número dos Oriol Junqueras y la de otros siete miembros de su gobierno que desde el jueves duermen en cárceles de Madrid. De traje y corbata, sin esposas y acompañado por su abogado, Puigdemont esperó en una sala de la Fiscalía de Bruselas que se resolviera su futuro. Después de tomarle declaración, el juez de guardia dio curso a la orden europea de busca y captura emitida por la Audiencia Nacional, pero consideró que no hay razones para que Puigdemont quedara preso mientras se tramita la extradición.

Le impuso la obligación de permanecer en territorio belga y de comparecer en los tribunales cada vez que se lo requiera, según informaron fuentes de la defensa.

Lo mismo dispuso para los ex consellers depuestos que huyeron de España con el ex presidente y que se entregaron en el mismo momento: Clara Ponsatí, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig.

El trámite para resolver si son entregados demorará entre 45 y 90 días. Eso le garantiza a Puigdemont seguir libre durante la campaña para las elecciones del 21 de diciembre que convocó el gobierno de Mariano Rajoy al intervenir las instituciones de Cataluña.

El Partido Demócrata (Pdecat) anunció ayer que pretende que Puigdemont encabece una lista unitaria de los partidos separatistas, algo que todavía no aprueba Esquerra Republicana (ERC), la formación que lidera Junqueras y que va primera en las encuestas.

Todos los integrantes del gobierno catalán cesado por Rajoy el 27 de octubre después de la sesión parlamentaria en que se votó la independencia están acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Los fugados a Bélgica afrontan además los cargos de prevaricación y desobediencia a la autoridad por haber faltado a la cita con la Justicia el jueves pasado.

Puigdemont denunció en su última aparición pública, el viernes en la televisión belga, que es víctima de una persecución judicial en España y que peleará contra su entrega en los tribunales de Bruselas.

En esa lógica, al ser liberado se anotó un gran triunfo político, que amenaza además con abrir una crisis entre España y Bélgica.

Tras la decisión técnica del juez de instrucción, el caso será tomado por la Cámara del Consejo, que analizará el fondo de la cuestión. Tendrá 15 días para pronunciarse sobre la entrega. Los dirigentes catalanes podrían quedarse en la capital de la Unión Europea (UE) hasta enero o febrero. Nada les impide ser candidatos ni hacer campaña desde allí.

Buena parte de sus energías estarán puestas en evitar la entrega a Madrid. Paul Bekaert, el abogado flamenco que contrató Puigdemont, cree que existen recovecos legales en Bélgica para ganar la partida.

Los delitos de rebelión y sedición tal como figuran en el Código Penal español no tienen equivalentes en el ordenamiento jurídico belga. El de malversación, sí. Pero si fuera extraditado por ese cargo tendría que ser juzgado en España únicamente por eso. La diferencia es evidente: penas de hasta 30 años en unos y hasta ocho en el otro.

No es imprescindible que exista una definición exacta de los delitos en los códigos belgas, sino que la descripción de los hechos que hace la jueza sea punible en Bélgica. Quedará a criterio de los magistrados decidirlo.

Por eso, los abogados de Puigdemont ponen énfasis en describir la acusación como "un acto político" para castigar las ideas independentistas y en que no existen "garantías de un juicio justo". La sociedad belga es muy sensible a este tipo de mensajes, cruzada como está por las pulsiones separatistas del nacionalismo flamenco.

(La Nación)