El juez Luis Rodríguez procesó y embargó en 10 millones de pesos a Martín Sabbatella por la distribución irregular de 9.906.010 pesos durante su gestión al frente de AFSCA. También fue procesada y embargada por la misma cifra la legisladora porteña K Andrea Conde, que era directora de Proyectos Especiales del organismo oficial.

Sabbatella y Conde fueron procesados y embargados por la entrega de dinero a organizaciones kirchneristas sin concurso, valuación de proyectos ni análisis de gastos. Se los procesó por el delito de "defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

Según el fallo, al que accedió el diario Clarín, el juez Rodríguez ordenó "mandar a trabar embargo" sobre los bienes de Sabbatella "hasta cubrir la suma de diez millones de pesos". Lo mismo hizo respecto a la legisladora porteña K Conde.

Además, se investiga si parte del dinero se pudo haber desviado para las campañas políticas de Sabbatella como candidato a vicegobernador bonaerense y de Conde a legisladora porteña, en las elecciones de 2015.

La denuncia fue impulsada por el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Miguel de Godoy, ya que consideró que la conducta desplegada por Sabbatella y Conde fue contraria a los intereses de la Administración Pública Nacional.

La información original fue recabada en una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que detectó numerosas irregularidades en los fondos que debían salir a concurso para destinarse al fomento de radios, canales de TV y productoras de cine comunitarias, durante los años 2014 y 2015, bajo la gestión de Sabbatella.

Las irregularidades investigadas en la Justicia son, entre otras, sobre la distribución de dinero a cuatro organizaciones: Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), por un subsidio de $ 650.000; Asociación Civil Cine en Movimiento, de Morón, por $ 2,25 millones; Cooperativa de Trabajo Activa Limitada, por $ 700.000; y la Asociación Civil Nueva Tierra para la Promoción Social y Pastoral, que recibió $ 3,4 millones en subsidios. Esta última entidad, con parte de ese dinero financió la actividad “¿Qué significa para nosotros el kirchnerismo?”. En este caso, para el fiscal Stornelli “la formación de la comunicación popular se confundió con la difusión de política partidaria”.

En la imputación que hizo el fiscal en octubre pasado también mencionó que, por ejemplo, en el caso de los $ 650.000 que le dieron a FARCO, “no figura petición del foro, ni llamado a concurso, ni evaluación del proyecto, ni un análisis de presupuesto que justifique dicha erogación”.

Además hubo gran cantidad de facturas de honorarios presentadas por los mismos miembros encargados de controlar las rendiciones, así como comprobantes de comidas y viajes sin relación con los proyectos financiados.

(Clarín)