En la cabeza del Gobierno madura una idea para reformar la Justicia que no pasará inadvertida. Tendrá apoyos, pero también fuertes detractores. Se trata de un proyecto para eliminar la feria judicial, el receso durante el cual los tribunales cierran sus ventanillas habituales y mantienen turnos únicamente para atender temas de urgencia.

Hasta hoy ese período incluye los 31 días de enero más otros 15 en el invierno: para algunos políticos, se asemeja a unas vacaciones de privilegio.

La idea de suprimir la feria comenzó a germinar en el contexto de la plataforma Justicia 2020 y tiene al ministro del área, Germán Garavano, como uno de los promotores. El funcionario ensayó la experiencia cuando fue fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, con un régimen de vacaciones que permitía la atención al público sin interrupciones. El plan del Gobierno es colocar el tema en la agenda del 2018.

"Hay que debatir cómo darle agilidad a la Justicia y que la rueda judicial no se deje de mover 45 días al año, con un grave perjuicio para los ciudadanos. Se plantea discutir cómo podemos hacer para que fiscalías y juzgados no permanezcan cerrados al público tantos días", señaló Garavano, en diálogo con La Nación.

"También creemos que hay que ampliar los horarios de atención al público con dos turnos de trabajo", afirmó el ministro de Justicia, al ratificar la necesidad de encarar cambios en la organización del sistema judicial

Al respecto, la organización Fores elaboró un informe, en el que cuantificó que "la feria judicial implica una interrupción del 18,36% anual de la labor del sector" y que "el sistema de Justicia funciona sólo 190 días al año".

"Si a ello sumamos que se trabajan seis horas diarias, el resultado es de 132 jornadas", agregó el estudio. La llamada "Agenda Anotada para la Justicia Argentina 2020", que elaboró Fores, fue una de las bases del proyecto de reforma de Justicia de Cambiemos .

Durante su gestión en la Ciudad, Garavano suprimió la feria judicial para los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Lo hizo en etapas: primero con una prueba piloto durante el receso invernal y, más tarde, durante el verano. Los fiscales y sus colaboradores podían tener sus vacaciones entre diciembre y abril, con un cronograma coordinado para conservar dos tercios de personal cuando la fiscalía estaba de turno y al menos un tercio en el resto de los días.

De todas formas, una medida de este tipo no puede ser tomada desde el Poder Ejecutivo y está en manos de la Corte Suprema y del Ministerio Público Fiscal.

Fuentes del máximo tribunal aseguraron a La Nación que "cualquier cambio en la reglamentación se hará a partir de un consenso previo con los gremios de los judiciales".