La iniciativa de ley presentada por el diputado del Partido Justicialista, Espartaco Marín, en conjunto con otros legisladores del bloque justicialista, conocida como de Regulación de Entidades de Crédito para Consumo no legisladas por la Ley de Entidades Financieras, logró dictamen por mayoría en la última reunión de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa. 

Entre los argumentos del proyecto, se indica que es para “proteger a un sector de la población vulnerable que por no reunir los requisitos suficientes para acceder a un sistema financiero formal y se ve obligado (y tentado) a acceder a estos créditos de entidades financieras que, aprovechándose del estado de necesidad y a veces desinformación de los usuarios, terminan aplicando intereses usurarios”.

“La iniciativa refleja la importancia de legislar sobre este tema dada la gran cantidad de denuncias que se reciben a diario en la Dirección de Comercio. Según datos oficiales de La Pampa, este tipo de denuncias aumentaron un 30 por ciento entre marzo y mayo del corriente año y desde el área provincial de Defensa del Consumidor destacan que el motivo principal de las mismas tienen que ver con las elevadas tasas de interés cobradas por este tipo de financieras, por la falta de información brindada a quienes acceden a estos créditos, por el vacío legal existente y por la falta de domicilio real de las entidades financieras que dificultan el procedimiento administrativo”, agrega el proyecto.

Aún no existe legislación en la Provincia

Para aquellas entidades que no caen bajo la órbita de regulación del BCRA, este proyecto busca brindar herramientas al órgano de control local para poder identificar a estas sociedades y exigirles el cumplimiento de ciertos requisitos.

El fin es brindar protección a los consumidores de los servicios de crédito al consumo estableciendo obligaciones concretas que permitan lograr una relación de consumo equitativa e igualitaria.

Los consumidores son generalmente personas que provienen de los sectores más vulnerables de la sociedad y que, justamente, acaso aprovechando la "debilidad" dada por la falta de información y la imposibilidad de acceso al sistema financiero "bancario", es que estas sociedades, han encontrado un nicho propicio donde desarrollar sus actividades que muchas veces son usurarias.

Esta situación pone de manifiesto las desigualdades que el sistema financiero "formal" provoca al dejar a un sector de la población sin acceso a sus servicios  por provenir de sectores vulnerables, informales, y por no reunir los "requisitos" establecidos por estas instituciones para brindarles créditos adaptados a sus necesidades.

La iniciativa complementa lo estipulado por la ley de Defensa al Consumidor mediante la creación de un registro, y de una serie de obligaciones que deberán cumplimentar los sujetos incluidos en la ley estableciendo además las atribuciones de control de la autoridad de aplicación.

Asimismo se establece como fundamental la educación del consumidor, otro de los pilares fundamentales para lograr un efectivo cumplimiento de la ley ya que es objetivo primordial formar ciudadanos y consumidores responsables y empoderados.