“Si La Pampa quiere agua para su región noroeste, que construya un canal desde Puelén hasta Santa Isabel. Mendoza no dejará sin agua a sus agricultores de General Alvear y San Rafael”, dijo esta mañana Miguel Escorihuela, vicerrector de la Universidad de Mendoza, al sostener la postura mendocina de impedir la llegada de las aguas del Atuel al oeste pampeano.

Escorihuela dijo que el conflicto debe terminar porque "ya consumió 47 años, dos generaciones perdidas de La Pampa y de Mendoza".

Sostuvo que Mendoza siempre tuvo una "actitud negociadora" y "no ha hecho ningún reclamo por el uso de su cupo de agua en el río Colorado".

Cuestionó la "actitud enemistosa" que tuvo La Pampa y la acusó de "tratar de postergar la construcción del dique Portezuelo del Viento".

"Los mendocinos envidian a La Pampa porque cultiva el 60% de su territorio y Mendoza solo el 3%. El 97% del territorio de Mendoza carece de agua, La Pampa tiene 3.200.000 hectáreas bajo cultivo y Mendoza escasamente 50.000 hectáreas. Las dos provincias tienen sed de agua. Como amigo del tribunal no vengo a exponer en favor del derecho de Mendoza, ni en contra de las pretensiones de La Pampa, vengo a sostener por qué la sentencia de este tribunal debe poner punto final a la controversia", dijo.

"Mientras Mendoza no riegue las hectáreas que le corresponde, no correrá agua del Atuel a La Pampa", dijo.

"Las actitudes pampeanas configuran un abuso del derecho. La Pampa quiere agua, pero no es necesario recurrir a la deslealtad. Si quiere más agua, deberá planificar el canal Puelen-Santa Isabel y terminar esta historia frustrante del río robado", afirmó.

LA AUDIENCIA

La audiencia de conciliación por el río Atuel, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación se inició con la exposición de los siete "amigos del Tribunal" que convocó la CSJ para esta oportunidad.

Se trata de tres pampeanos -la Universidad Nacional de La Pampa, el hidrogeólogo Carlos Juan Schulz y dos lonkos de comunidades aborígenes-, un número similar por parte de Mendoza, y un instituto de estudios de la Universidad de Buenos Aires.

DE LA UBA

Juan Vicente Solá, de la Universidad de Buenos Aires, dijo que el mejor lugar para resolver el diferendo es el ámbito judicial.

"Para asegurar la mejor solución, debemos resolver la tensión entre medio ambiente y desarrollo económico. Esto se debe resolver los tribunales. No pueden resolver las partes por negociación, porque incluso tienen un costo emocional. Esto ha llevado a una situación de tensión de muchos años".

"El otro problema es que no puede resolver el Congreso. Por eso la situación judicial es la eficaz. Porque las partes van a ofrecer a los jueces, que podrán actuar por regulador", expresó.

"Hay que analizar los costos / beneficios para asignar los derechos al agua. Es un bien co-gestionable, es decir, el uso por uno disminuye el uso del otro".

Dijo que una vez acordado, se debe asignar un juez federal para realizar el cumplimiento. "Creo que debemos encontrar el mejor equilibrio entre el oeste pampeano y el sur mendocino".

DILLON

La primera voz pampeana que se oyó fue la de los representantes de la Universidad Nacional de La Pampa. Habló en primer término la licenciada en Geografía, Beatriz Dillon. "La realidad no se fuerza, la vida cotidiana de las personas tampoco. Los números son elocuentes e irrefutables: los censos de población territorianos como nacionales dan cuenta de tres momentos en la evolución demográfica en las áreas afectadas por el cese del Atuel: el primero hasta 1920, con un crecimiento demográfico; el segundo en 1947, año del corte definitivo del río, hasta 1960. Aquí las cifras arrojan un contundente descenso poblacional", dijo.

"En 23 años, desde 1947 a 1970 la regresión poblacional fue del 41% en los departamentos afectados. Unas 135 personas se fueron por año, o lo que es lo mismo tres familias de cuatro miembros cada uno. Hubo emigración de jóvenes, sumergiendo hasta hoy al envejecimiento demográfico. Las personas no se van de su lugar de origen si no existen factores negativos. Hubo una diáspora hacia centros urbanos, un exilio o migración forzada", sostuvo.

"Quienes se quedaron, perdieron valores culturales y padecieron amnesia hídrica. Más de cuatro generaciones pasadas y las que vendrán están comprometidas en su saber cotidiano sobre el uso del río. Son 70 años de privaciones, despojo y desesperanza, de acumulación para unos versus desposesión para otros. El agua es un derecho humano", finalizó.

SCARONE

Jorge Scarone, también de la UNLPam, fue el tercer expositor. "La Pampa es una provincia sin lujos. Sabe de sequía, incendios, inundaciones y miserias. Le cuesta mucho retener a la población y es generosa con sus inmigrantes, entre ellos mendocinos", sostuvo.

"Los ríos son fuentes de vida para las generaciones futuras y como tales debemos considerarlos", expresó. "Queremos avanzar con toda la argentina en términos de solidaridad".

"Aceptar la posición de Mendoza que sostiene que ya no le alcanza el agua, es convalidar el despojo hacia La Pampa como derecho, algo inaceptable. Ofende a La Pampa y el mundo. Convalidar, es aceptar ese despojo", manifestó.

(DiarioTextual y propio)