Siguiendo a los jueces de todo el país, que se autoaprobaron excluirse del pago del Impuesto a las Ganancias y luego extendieron ese privilegio a los empleados del Poder Judicial, el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, modificó una ley del Congreso de la Nación con un decreto provincial y eximió de hecho a todos los empleados públicos de La Pampa del pago de ese gravamen.  

En 2006, un grupo de conjueces, en reemplazo de la Corte Suprema, eximió de Ganancias a los magistrados judiciales, con el falso argumento de que el tributo implicaba “tocar” sus salarios, que según la Constitución son “intangibles”. 

Luego, los poderes judiciales provinciales fueron haciendo lo mismo. Después, como parte de las negociaciones con los gremios judiciales, fueron extendiendo el criterio a los empleados, aunque no hay cláusula constitucional alguna que se refiera a ellos. Por eso inventaron “conceptos salariales” que contablemente sustraen a la base imponible, lo cual viola la ley nacional. No es estrictamente una exención, sino una elusión. 

Los sueldos judiciales se pagan con impuestos (incluido Ganancias) que paga el resto de los ciudadanos, que no pueden eludirlo y que, encima, no se cobran de él si trabajan en el sector privado. 

Verna, como parte de las negociaciones salariales, firmó el decreto 5.165 (de 2016, pero publicado este año), que se conoció anteayer y por el que ordena darles a los sueldos de los empleados del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo el mismo tratamiento que ya había concedido el Tribunal Superior de La Pampa a sus empleados. 

Es como si una empresa privada, para aumentar el sueldo de sus empleados, no les descontara Ganancias. Según publicó el diario La Arena , un funcionario pampeano de primera línea obtuvo un aumento de, al menos, $20 mil pesos, lo que supera el% en tres cuotas que el gobierno ofreció en paritarias a los gremios estatales. 

La modificación de una norma de fondo del Congreso nacional por un decreto provincial es inconstitucional y la AFIP seguramente la recurrirá. Pero si el caso llegara a la Corte Suprema, el máximo tribunal se vería en problemas, ya que extendió a sus empleados (todos los del Poder Judicial de la Nación) el inequitativo privilegio. 

Hasta ahora, los jueces de la Corte, más allá de manifestaciones políticamente correctas acerca de que están en contra de un privilegio al que no renuncian, no se metieron con los tribunales superiores de provincias ni con los empleados judiciales. 

Hacerlo con los estatales pampeanos implicaría atacar todo el entramado de esa arbitrariedad, señala La Voz del Interior. Una excepción en toda esta historia: Horacio Rosatti, hoy miembro de la Corte Suprema, fue uno de los únicos dos jueces que en 2006 votó en contra de la eximición de Ganancias a los magistrados judiciales. 

Fuente: Iprofesional.com