La vicepresidenta 1° de la Cámara de Diputados de La Pampa, Alicia Mayoral, ingresó Proyecto de Resolución dirigido a los legisladores nacionales pampeanos, a fin de que los mismos soliciten ante Carlos Javier Regazzoni, director Ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), informe sobre la entrega de medicamentos y prótesis a beneficiarios en diversas agencias de la provincia.

Según detalla el escrito de la diputada justicialista, es con el objetivo de responder a la demanda de los jubilados que han manifestado quejas telefónicas por el retraso en el envío de los mismos.

“PAMI posee en nuestra provincia quince agencias, de las cuales en siete de ellas Santa Rosa, General Pico, Geberal, Acha, Quemú-Quemú, Eduardo Castex, Intendente Alvear y Colonia 25 de Mayo. Sus afiliados han manifestado, mediante denuncias telefónicas, disconformidad con la entrega atrasada de medicamentos y prótesis, particularmente para el tratamiento de enfermedades oncológicas y post operatorios”, sostuvo Mayoral.

“Según los denunciantes, la única manera que poseen para acelerar la entrega de medicamentos o prótesis, es mediante la presentación de un recurso de amparo librado por la justicia. El nivel central (PAMI Buenos Aires), se toma como mínimo veinte días para autorizar la entrega de los mismos en La Pampa; teniendo en cuenta además que el área de prestaciones médicas de las agencias pampeanas no poseen autoridad para otorgar medicamentos o prótesis y que “PAMI escucha” no los escucha con soluciones, a la hora de los reclamos”, agregó.

La legisladora justicialista recordó que “ante estas situaciones, no está de más recordar que la salud es un derecho. Desde la reforma constitucional de 1994, el derecho a la salud está reconocido con jerarquía constitucional en el Art. 75. inc. 22 de nuestra Carta Magna”.

“Al mismo tiempo, se asegura igual calidad a los tratados mencionados, entre los que se encuentra el Art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual dispone que toda persona tenga derecho a un nivel de vida adecuado que le garantice salud y bienestar, especialmente en lo referido a asistencia médica y servicios sociales necesarios”, finalizó.