Las cifras del horror: sólo en lo que va de este año, y hasta el 27 de abril, en la Argentina se cometió un femicidio cada 25 horas. Y sólo el mes pasado hubo 21 mujeres asesinadas víctimas de violencia de género, según los relevamientos de distintos organismos –como La Casa del Encuentro– que trabajan para prevenir y erradicar la violencia machista. Micaela García y Araceli Fulles son los rostros de los últimos dos casos que recorrieron noticieros y redes sociales, y quedaron impresos en las banderas de las últimas manifestaciones masivas. 

En este contexto, el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Tortura difundió ayer un informe en el que expresó su “preocupación” por “el alarmante número de casos de femicidios y violencia de género registrados” en el país. Por un lado, se destacó la información proporcionada por el Estado argentino y el seguimiento que se hizo de cada uno de los casos ocurridos desde el año  2015, aunque “lamentaron” que las estadísticas no incluyan el último mes de abril. 

Además, el organismo internacional, que supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional contra la Tortura, calificó de “alarmante” el incremento “de los casos de violencia física sobre las mujeres detenidas bajo jurisdicción federal”, y dedicó un apartado especial sobre la violencia de género y física hacia las mujeres detenidas.  

El organismo destaca “la información sobre las políticas destinadas a mejorar el acceso a la salud de las mujeres en prisión”, especialmente para las embarazadas, pero hace énfasis en la “insuficiencia de estos programas a nivel federal y provincial, por las deficiencias en los organismos de control”. Incluso, en otro de los pasajes, el Comité informa que en todo el sistema penitenciario federal el número de muertes ascendió “a un promedio de 43 anuales entre 2008 y 2016”. 

Para concluir, el organismo le pidió al Estado argentino que “intensifique sus esfuerzos para combatir todas las formas de violencia de género, incluidas dentro de los centros de privación de libertad”, se “investiguen a fondo todas las denuncias”, “se enjuicie a los presuntos autores y se impongan penas apropiadas”, para que las víctimas puedan tener una “reparación integral del daño”. 

Fuente: Perfil