Según se pudo confirmar de fuentes oficiales, este miércoles, un grupo de personas de entre 40 y 50 años se presentó en la Fiscalía de General Pico, para denunciar situaciones de suplantación de identidad, un delito imprescriptible, considerado de lesa humanidad por las cámaras federales que debieron fallar en casos ocurridos durante la dictadura militar.

En la mayoría de los casos denunciados ahora se estaría descartando que tuvieran directa relación con la desaparición de personas durante el proceso militar, pero es indudable que la mecánica de entrega de bebés también se produjo al influjo de esas terribles prácticas entre 1976 y 1983, período incluido en las fechas indicadas por los denunciantes.

Y surge además, con claridad meridiana, que quienes practicaron la entrega de bebés recién nacidos en  General Pico entre los años ’60 y ’80, debieron contar con la complicidad de jueces, secretarios y autoridades del Registro Civil.

Porque los denunciantes fueron anotados en documentos extendidos en forma oficial, en algunos casos dando cuenta de que se trataba de los padres biológicos de la criatura, pese a la manifiesta irregularidad. Y porque los protagonistas narran interminables anécdotas en las que algún juez o secretario aparece en el trámite o interviniendo frente a un médico para que se entregara un bebé a quienes no era sus padres legítimos.

Se da incluso un caso que requerirá la inmediata intervención de la justicia, sin ningún tipo de dilación, para corroborar una versión que resulta terrorífica pero que ilustra hasta qué punto se llegó con la mecánica que, es evidente, se practicó con una absoluta impunidad durante más de 20 años.

Cuentan damnificados directos que una joven que llegó con su embarazo a una clínica propiedad particular de un médico de la ciudad, despertó de la anestesia con la infortunada novedad de que su bebé había nacido muerto. Esta historia sí se produjo en época de dictadura. Pero pese al temor existente, tras un mes del suceso, el padre de la joven se las arregló para hacerse presente en el Cementerio debido a que al efectuarse la inhumación, el cajón había sido entregado cerrado.

El abuelo, al fin, habría comprobado que el cajón estaba vacío.

Esta circunstancia también consta en una de las denuncias radicadas este miércoles. Ese estado de sospecha que ya cumplió casi los 40 años podrá dilucidarse si la justicia constata lo que para los denunciantes parece haber sido una mecánica común, a juzgar por la cantidad de casos que han encontrado de jóvenes solteras, algunas carenciadas, otras prostituidas, otras de familias bien constituidas, que en la actualidad aceptan relatar que les comunicaron, también, que sus bebés habían nacido sin vida.

Y en todos los casos, los nombres que se repiten como protagonistas de estas prácticas, son redundantes. Y todos de General Pico. Algunos de personas ya fallecidas. Otros de gente que vive aún y que casi sin solución, se han mostrado inabordables y han negado recordar ese pasado tenebroso, que ha quedado bajo la alfombra, escondido como restos de basura que se pretenden ocultar, cuando tuvieron enfrente a personas que 40 años después llegaron hasta ellos en procura de saber su verdadera identidad. Porque de eso se trata, de gente que ha descubierto que fue adoptada y a la que se le ha negado conocer el nombre de su madre verdadera.

10 AÑOS DE BUSQUEDA

Andrea Langhof fue una de las primeras personas que hizo pública su búsqueda cuando el uso de Internet a través de las redes sociales era aún una utopía.

Andrea llegó a General Pico después que su madre adoptiva, tras la muerte de su padre, le reconoció  que no eran sus progenitores. Su padre nunca aceptó hablar del tema. Andrea siempre vivió en Glew, en el conurbano bonaerense, pero sabía que sus “padrinos” eran de Pico y que su partida de nacimiento dice que había nacido en esta ciudad. Y al cabo, la madre le reveló que fueron sus padrinos los que la entregaron en adopción.

La partida de nacimiento de Andrea fue firmada por el entonces médico pediatra Carlos Broggi. En ella consta incluso que nació en el Centro Médico que aún existe en la calle 18 casi esquina 19, el CEM, donde Broggi y otros médicos tenían sus consultorios. Y al profesional se dirigió Andrea en procura de pedir el nombre de su madre. En aquellos años el caso estalló en los medios de prensa locales, después que Andrea Langhof relató su búsqueda a través del diario La Arena.

Hubo cruces radiales y televisivos entre ambos, pero Broggi se resguardó en su falta de memoria y aún cuando reconoció que había asistido casos de embarazadas que dieron sus hijos en adopción, definió que todo se había tratado de un “enorme acto de amor”.

La causa se judicializó y terminó con una prescripción a favor del médico. Y Andrea Langhof se volvió a Buenos Aires sin lo que vino a buscar.

La masiva respuesta de las redes sociales a los problemas de la gente renovó sus esperanzas. Se suscribió a la página “Donde estas?” de búsqueda de personas y allí descubrió que no sólo su caso remitía a General Pico si no que había muchos más en su misma condición y con el mismo nombre de la ciudad de su nacimiento.

Las coincidencias les parecieron asombrosas primero, pero luego descubrieron que se trataba casi de un “patrón” que se repetía desde el inicio de los años ’60 y hasta pasados los ’80.

LOS DENUNCIANTES

Carlos Taboada vive en Santiago del Estero. Daniel Cahaldo en Buenos Aires. Junto a Andrea Langhof son las caras visibles de estos hijos que buscan su verdadera identidad, aunque representan hasta la fecha un total de casi treinta personas. Son las que se han contactado entre sí a través de las redes sociales, pero están convencidos que hay muchos más.

Esa treintena de personas tiene datos precisos, puntuales, que los ubican en General Pico en su nacimiento. Y están detrás de los datos que les permitan encontrar o al menos saber quien fue su progenitora.

Pero el lugar común sigue siendo la barrera con la que se chocan para llegar a ese nombre.

No obstante, han escuchado crudos relatos, con nombre y apellido, de lo que en aquellos años parece haber sido una atroz, aberrante y habitual práctica con los bebés.

Todos los relatos revelan que la mayoría de las mujeres embarazadas cuyos hijos fueron entregados en adopción eran muy jovencitas, entre 14 y 17 años. En muchos casos se repite la “anécdota” de la anestesia y la comunicación del bebé muerto. También se insiste con que muchos hijos dados en adopción fueron de madres que ejercían la prostitución y hasta de casos en los que los padres podrían ser algunos de los médicos.

Pero nada ha pasado del rumor, puesto que la justicia nunca investigó y que los testimonios tampoco han sido recogidos en sede judicial. Se trata hasta ahora de un boca en boca. Pero con coincidencias terminantes entre esos rumores y otros casos acreditados hasta con ADN.

Este último es el caso de un joven que vive en una localidad cercana, que localizó a su madre. Ambos se realizaron el estudio de ADN y efectivamente, dio positivo. La mujer le narró a su reencontrado hijo la forma en que fue negada su existencia, con datos precisos de nombres, lugares y fechas.

Hay otro caso de una mujer que vivió siempre en General Pico y que también descubrió, cuando ya era adulta, que su madre era una mujer de vida liviana. Y descubrió además, las razones del secreto: su padre es un conocido abogado del foro local, ya fallecido. La mujer entendió en su madurez las razones de la “madrina postiza” que tuvo desde niña, que la llenó de mimos y regalos desde pequeña.

Langhof, Cahaldo y Taboada, acompañados de otras personas de esta ciudad en su misma situación, se reunieron en estos días con autoridades del hospital Centeno, donde también oyeron que no es desconocida para muchos médicos locales la práctica ejercida en esos años.

También se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. De allí lo más importante que oyeron es que existe la posibilidad de impulsar una reforma a la ley para que los derechos de identidad alcancen a toda persona y no sólo a quienes fueron afectados por la dictadura.

Y finalmente, con toda la información reunida ahora y durante varios años, se presentaron en la Fiscalía de General Pico para radicar las denuncias de los hechos que en primera instancia entrañarían delitos, que la justicia local deberá analizar para dictaminar si corresponde investigar a la jurisdicción provincial o si en cambio corresponde derivar a la justicia federal.

Una aclaración final conviene realizar: se han omitido los nombres sospechados. Pero constan en las denuncias. Será otra tarea de la justicia determinar si esas personas tienen responsabilidad, si fueron hechos aislados o si como suponen los denunciantes, fue una verdadera “asociación ilícita” que se apropió de la vida de inocentes para hacer negocios con ellos.