Las declaraciones del fiscal federal de Córdoba, Enrique Senestrari, quien dijo públicamente en un programa radial que desea que caigan los presidentes Michel Temer y Mauricio Macri, generaron una ola de críticas en el ámbito jurídico y pedidos de sanciones. 

Ricardo Sáenz, fiscal general ante la Cámara del Crimen y vicepresidente de la Asociación de Magistrados, aseguró que son "gravísimas" las expresiones de Senestrari. "Corresponde que hoy mismo la procuradora Alejandra Gils Carbó ordene un jury de enjuiciamiento; todos tenemos libertad de expresión, pero un fiscal federal no puede decir eso", analizó. 

A modo de ejemplo, Sáenz planteó la hipótesis de que el día de mañana se organizara un movimiento en Córdoba para destituir al presidente Macri. Una causa de esas características quedaría bajo la órbita del fiscal federal que con sus declaraciones prejuzgó y dejó en claro cuál es su posición política con respecto a la administración de Cambiemos. 

Es difícil pensar que Gils Carbó tomará una decisión disciplinaria como la que se le exige. Es que Senestrari es vocal de la agrupación kirchnerista que promueve la procuradora, Justicia Legítima, y fue ella quien lo nombró como coordinador general en la provincia mediterránea. 

El presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, se expresó en términos similares. Dijo que el funcionario judicial debe ser removido de inmediato e hizo hincapié en una declaración que en principio había pasado desapercibida. 

"Este señor pide que el pueblo vuelva a ser el que gobierna y no sólo el que pone un papelito cada cuatro años. Con esa frase está desconociendo las instituciones republicanas. La ley del Ministerio Público es clarísima: este organismo debe actuar en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Corresponde que la procuradora tome cartas en el asunto y suspenda a este hombre", especificó. 

Otros especialistas en derecho pusieron sobre la mesa la posibilidad de que Senestrari fuese imputado por delitos contra el orden constitucional y la vida democrática englobados en el título X del Código Penal. Además plantearon que un juez debería analizar si los dichos representan una amenaza a la investidura presidencial. 

El de este fin de semana no fue el primer desborde verborrágico del representante del Ministerio Público fiscal. El año pasado le pidió a Germán Garavano que se limpiara la boca luego de que el ministro hiciera alusión –en una entrevista con Infobae– al daño que causó en la Justicia penal la doctrina de Eugenio Zaffaroni.