El Gobierno pondrá en marcha en los próximos días su mayor apuesta para cambiar el funcionamiento del Estado. Lo hará mediante la creación de una universidad para empleados públicos, como la llaman en la Casa Rosada, que modificará la carrera de los trabajadores del sector hasta el punto de penalizar a quienes no mejoren su formación a lo largo de los años y premiar con incrementos salariales por encima de la inflación a quienes mejoren su capacitación mediante el estudio.

La regla valdrá tanto para los empleados de nivel básico como para quienes tienen puestos de mayor jerarquía dentro de la carrera estatal y constituyen la conducción más permanente del sector público, debajo de la cambiante conducción política.

El pedido lo hizo el año pasado el presidente Mauricio Macri al ministro de Modernización, Andrés Ibarra , el mayor responsable de esta iniciativa. "Queremos crear una universidad pública que esté compuesta por programas que tengan que ver con itinerarios formativos en la carrera del empleado del Estado", explicó Ibarra a La Nación. "¿Se imaginan ir a una oficina pública y que los atienda un empleado comprometido y formado?", se entusiasmó el ministro.

El Gobierno espera que este año pasen por esa escuela unos 85.000 empleados de la administración central.

Ese sector del Estado nacional está integrado por un total de 210.000 empleados, e incluye a los que trabajan en la órbita de la Presidencia, los ministerios, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el PAMI y el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (Incaa).

El proyecto del Gobierno es que en el corto plazo la totalidad de los miembros de la administración central, una plantilla que cobra un sueldo bruto promedio de $ 30.000 mensuales, deberán asistir a los cursos de capacitación.

El objetivo oficial, de todas maneras, es más ambicioso, ya que el plan contempla que en el mediano plazo el nuevo instituto de formación pública alcance a todos los organismos del Estado nacional, las provincias y los municipios, un universo que reúne a más de cuatro millones de empleados estatales, una cifra que convierte al sector público, por lejos, en el mayor empleador del país.

El proyecto parte de la base del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), con años de existencia (fue creado en 1973 y relanzado en los años 90, durante el gobierno de Carlos Menem), pero implica una renovación absoluta.

Por empezar, contará este año con un presupuesto de $ 60 millones, que servirán para financiar la puesta en marcha de 219 cursos destinados a distintos estratos de la administración pública, de los cuales el 42% implican una participación presencial. Muchos de ellos se realizarán en un edificio ubicado en la avenida Belgrano, que el Ministerio de Modernización está reformando.

Fuente: La Nación