En este escenario, los créditos para compra de viviendas a largo plazo, son una reminiscencia de instrumentos similares tomados en los gobiernos de Alfonsín y de Menem, para recordar tiempos de democracia, pero también traen recuerdos de la “famosa” 1050, que empezó siendo una herramienta liviana de ajuste por la tasa pasiva (lo que pagan los bancos a los ahorristas), y terminó siendo una pesada y sanguinaria arma de destrucción de bienes y vidas.
Los antecedentes de quienes hoy administran el BCRA, no ayudan a multiplicar la confianza del consumidor, puesto que su posición ideológica, en el terreno monetario es bien conocida, aunque de ella, a la hora de la verdad, tampoco se sustraen los más “progresistas” administradores bancarios, para los cuales el ahorro del público es casi sagrado, y las utilidades y honorarios también.
Por eso cuando las deudas entran en mora temprana y final, arremeten sin duda, ni piedad, contra los deudores los cuales corren el enorme riesgo de tener que responder con otros bienes adicionales, al que garantiza la operación, al momento de la ejecución que no satisface la totalidad de la deuda, gastos y honorarios que se producen en estos casos.
En algunos países, se desarrolla la “teoría del riesgo compartido” en consecuencia, los bancos acreedores, solo tienen el derecho de ejecutar o quedarse con el bien objeto del mutuo hipotecario.
En nuestro país, hace tiempo, se sancionó la llamada “Ley Polino”, que pone un cierto coto a esas posiciones dominantes y abusivas de los acreedores sobre los deudores, sin embargo, no ha quedado demostrada una clara eficiencia en su aplicación.
Sería muy interesante y “pro-desarrollo”, que el gobierno impulsara una legislación sobre “riesgo compartido”, para que los tomadores de créditos para fines útiles como adquisición de viviendas, construcción de fábricas, compra de maquinarias y equipos tan solo queden comprometidos patrimonialmente, “contra el bien adquirido”, y no con todo su patrimonio o el de los garantes solidarios que tantas veces solicitan los bancos para “recontra cubrirse”.
Si lo hicieran significaría una muestra enorme de confianza en el plan implementado, que se trasladaría a los consumidores, quienes tomarían más créditos sin tanto temor, y así se dinamizaría mucho más la economía, consolidando el trabajo existente, y promoviendo la creación de nuevos empleos.
(*) Oscar Miguel
Contador Público Nacional